La Paz, Baja California Sur (BCS). La mañana de este jueves 8 de septiembre, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío compartió su postura en torno a la posible eliminación de la prisión preventiva en el país; no es facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hacer dichos cambios, dice.
“Nuestro respaldo a la política de seguridad y procuración de justicia del compañero presidente Andrés Manuel López Obrador”, expresó el mandatario sudcaliforniano al compartir el oficio firmado por él y otros 17 gobernadores y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
Al respecto, el titular del Poder Ejecutivo en Baja California Sur argumenta, dentro del comunicado de la 4T, que no es facultad de la Suprema Corte el realizar este tipo de modificaciones; además, enfatizó que no se tuvo su impugnación al respecto.
“No es atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se debe acatar lo que la misma constitución marca para hacer cambios constitucionales y tal como lo reconocen algunos ministros […] no fue impugnado por la Comisión de los Derechos Humanos ni por nadie en su momento de decreto ni en los tiempos que prevé la Ley”, añaden.
Aunque la medida pensaba analizarse este jueves 8 de septiembre en la Suprema Corte de Justicia, los proyectos fueron retirados para ampliarlos y lograr un acuerdo. Por la mañana de este mismo día, el titular de la Subsecretaría de Seguridad Pública (SSPE), Ricardo Mejia Berdeja advirtió que se estaría cometiendo un “fraude” a la Constitución.
“En el momento se busque invalidar el artículo 167 del Código (Nacional de Procedimientos Penales) se estaría invalidando el 19 constitucional. Es decir, se haría una reforma a la Constitución por la puerta de atrás […] es decir, un fraude a la Constitución por la vía de la interpretación y anular un artículo constitucional”, dijo.
Finalmente, la postura del Gobernador de Baja California Sur y el resto de mandatarios es de que “la figura de la prisión preventiva oficiosa debe prevalecer”, aunque enfatizaron que no se trata del número de personas en esta condición, sino el permitir justicia para las víctimas.
