La Paz, Baja California Sur (BCS). Este martes, se presentó al Congreso de Baja California Sur una iniciativa que busca modificar el Código Penal y que se sancione con 3 a 9 años de prisión, así como el decomiso de bienes cuya procedencia no se logre acredita en beneficio del Estado, en contra de aquellos que comentan el delito de enriquecimiento ilícito.
La promovente, legisladora Guadalupe Vázquez Jacinto propone que se adicione un párrafo segundo al artículo 287 y que se derogue el artículo 288 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano del estado.
Al derogarse la declaración previa de existencia de enriquecimiento ilícito emitido por la Contraloría General del Estado evitará que sean excluidos de ser investigados, los servidores públicos de los poderes Judicial y Legislativo, los Ayuntamientos, así como de los órganos constitucionales autónomos.
También advirtió que la responsabilidad en la que pueden incurrir los servidores públicos puede constituir en delitos o faltas administrativas, por lo que no deben confundirse, al ser modalidades autónomas que se tramitan en diferentes vías, por diversos órganos y con distintas sanciones.
La diputada señaló que la reforma al Código Penal tiene como objetivo evitar actos de corrupción por parte de los funcionarios públicos y que no queden impunes. Comentó que la implementación de la iniciativa es importante para que no se soliciten requisitos que impidan la correcta investigación por parte de las autoridades.
“Es preciso el reformar y mejorar nuestras leyes para su correcta aplicación; es necesario implementar esta iniciativa de ley para establecer que no se soliciten requisitos que impidan la correcta investigación de los servidores públicos en la comisión del delito del enriquecimiento ilícito”, expresó.
Finalmente, mencionó que al eliminar las malas prácticas en las formas de hacer gobierno ayudarán en la transparencia y la correcta rendición de cuentas, cuidando del tesoro público, fortaleciendo la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en los funcionarios en el marco de la promoción de la legalidad y las buenas prácticas.
