La Paz, Baja California Sur (BCS). En el Congreso del Estado de Baja California Sur se propuso una iniciativa para modificar los artículos 200, 201 y 202 del Código Penal del Estado, en los cuales se planea perseguir de oficio los delitos de violencia familiar y violencia familiar equiparada; esto, dado que, en el último año, tras el confinamiento por COVID-19, los casos aumentaron un 21.6 %.
“Este delito se persigue por querella de parte, es decir, tiene que ser expresada previamente la voluntad de la víctima u ofendido o del legalmente facultado para ello, mediante la cual manifiesta expresa o tácitamente ante el Ministerio Público su deseo de que se inicie y ejercite la acción penal, salvo que la víctima sea una persona menor de edad o que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, casos en los cuales se perseguirá de oficio”, argumenta el documento.
El proyecto contempla que la persecución de oficio se aplique sin excepciones, por lo que, de aprobarse tras su análisis, ya no será necesario que se interponga una denuncia formal para comenzar con las averiguaciones.
Lo anterior surge desde la tribuna legislativa, luego de que en año 2020 aumentó desmedidamente la violencia contra mujeres y niñas, casos ocurridos durante el confinamiento por COVID-19, según datos de las Naciones Unidas, así como del Secretariado Ejecutivo.
“El Secretariado establece que, en los presuntos delitos de violencia familiar, en el periodo de enero a julio de 2020 se presentaron 123,932 denuncias contra 150,649 en el periodo de enero a julio de 2021, aumentado la incidencia de este delito”, notificó el promovente, diputada Eda María Palacios Márquez.
La media nacional de delitos de violencia familiar es de 116.8 por cada 100,000 habitantes, mientras que Baja California Sur está por encima de este número, al reportar 178.7 casos por cada 100,000 habitantes; en llamadas de emergencia para solicitar ayuda, Baja California Sur está por debajo de la media nacional con 314 peticiones por cada 100,000 habitantes.
Por último, tras los datos anteriores, se mencionó que la iniciativa que se propone al Congreso del Estado, es una herramienta para que las instituciones encargadas de la procuración y administración de Justicia tenga mayor posibilidad de afrontar con más eficacia un fenómeno que agrede la integridad física, psíquica sexual, la libertad y la seguridad de quienes la viven en un hogar familiar.
