La Paz, Baja California Sur (BCS). La principal razón para quitar la palabra “pública” de la institución conocida como Secretaría de Educación Pública, resultando sólo Secretaría de Educación, es ampliar su campo de acción y evitar fraudes de escuelas privadas, aseguró el profesor Héctor Jiménez Márquez, titular de la dependencia estatal, al opinar que los argumentos en contra de este cambio son “más de carácter emocional que de carácter legal”.
“No es un tema de tendencia hacia la privatización, sino es un tema de ampliación del campo de acción de la Secretaría […] Si bien, regulamos la educación pública, sí también hay un sector que ha ido en crecimiento, que son las escuelas particulares, y que día con día estamos obligados a regularlas para evitar fraude a muchas familias sudcalifornianas […] Lo cierto es que las escuelas particulares crecieron durante una etapa con mucha libertad, hoy queremos aplicar la Ley General de Educación, no la Ley General de Educación Pública, ¿en qué sentido?, en que las plantillas de personal de las escuelas sean maestros titulados, pues hay muchas escuelas que hasta hace algunos años no tenían maestros titulados, buscamos que sus planes y programas sean apegados obviamente a la ley y que sus planteles educativos tengan todos los requisitos que se necesitan o que se les piden a los públicos”.
Jiménez Márquez dijo que “a nivel nacional ya van catorce estados que le quitan lo de pública, y es solamente Secretaría de Educación”, detallando que en BCS existen más de 200 escuelas particulares y 1,053 públicas, considerando turno matutino y vespertino, y que, en promedio, la población escolar de la media península oscila entre 225,000 y 240,000 jóvenes, estudiando aproximadamente el 15 por ciento de ellos en escuelas privadas.
“Estamos en la obligación como estado de regularlas, para evitar fraudes […] No lo hemos hecho público porque hemos sido prudentes, pero ha habido universidades que han estado fraudeando ofertando carreras que no tienen Revoe, escuelas de nivel medio superior que los certificados no son válidos, escuelas primarias que tampoco están incorporadas; nosotros como autoridades entramos al rescate y salvaguarda de los estudiantes, pero en el marco legal que teníamos no teníamos la capacidad de sancionar o multar, y es por eso que le quitamos lo de pública, para evitar que se resguarden en esos resquicios de la ley y luego ante una multa pecuniaria de alto nivel busquen amparo diciendo que somos sólo Secretaría de Educación Pública […] Queremos presentar en el proyecto de la Ley de Ingresos que la SEP se convierta también en una instancia recaudadora, a través de finanzas del estado, para que tengamos la facultad de multar a aquellas escuelas particulares que no están cumpliendo con la ley”.
