La Paz, Baja California Sur (BCS). El secretario del Consejo Indígena Estatal, Marcelino Reyes Santos, denunció el caso de un trabajador jornalero, oriundo del estado de Oaxaca, que falleció en septiembre del año 2013, en un accidente automovilístico, durante el traslado desde el punto de reunión para el acarreo de los jornaleros agrícolas hacia su lugar de trabajo, un campo agrícola llamado Rancho Batiz; y quienes, a pesar de las demandas, no le han indemnizado a su esposa e hija los daños ocasionados, además de que el caso está detenido completamente.
“En septiembre del 2013, una persona que en su camión se dedicaba a recorrer la periferia para levantar a los jornaleros, ya previamente contactados por el campo agrícola, llamado Rancho Batiz; entre 5 y 6 de la mañana recoge a 39 personas, trabajadores provenientes de Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Tlaxcala para llevarlos; pero, en el transcurso del camino, se le descompone el carro, y mandan traer un camión más pequeño, obviamente, el cupo es más reducido; durante la trayectoria, a esta nueva unidad se le explota una de las llantas, y por consiguiente, da vuelcos sobre la carretera. Muchos de los pasajeros se golpean, quedan heridos, fracturados, y uno de ellos, Margarito Santos Chávez, de 52 años, originario de Oaxaca, es llevado al hospital casi inconsciente, pero muere al día siguiente, dejando a su esposa y a una niña de 6 años.
Por otro lado, al principio, el empleador se comprometió a apoyar a los heridos, y que él surtiría las recetas que les dieran en el Hospital Salvatierra; así que el patrón mandó a poner a una persona afuera del hospital para recoger dichas recetas, y la gente, conforme se fueron dando de alta, a cambio les dieron medicinas a medias, y no como habían dicho. Lo que querían era recoger las evidencias, pues después de eso, ya no se aparecieron y se desatendieron del caso”.
Reyes Santos explicó que, el interpusieron una denuncia formal ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) para la indemnización de la familia de Margarito Santos Chávez, y los daños causados al resto de los trabajadores.
“El compañero Margarito era miembro de la asociación, y yo, como adyuvante del caso, y junto con la asociación, logramos reunir a 18 de los 39 solamente, ya que muchos se regresaron a sus pueblos; e hicimos una demanda en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, y mandan a llamar al representante de la empresa, la cual tiene su matriz en Estados Unidos […] Nosotros, como asociación, lo que hicimos fue encargar al caso a un bufete jurídico, y también apoyados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En la primer comparecencia no estuvimos de acuerdo, ya que los trabajadores no tienen prestaciones de ley, además de que esta marca que debe haber una plática conciliadora, ellos intentan ofrecer a los empleados la cantidad mínima de 1,000 pesos, pero los compañeros no aceptaron por ser muy poco para los gastos médicos.
En la segunda comparecencia ya no se aparecen los representantes, porque saben que, con la muerte del trabajador se complicaron las cosas. Después, cierran acceso a la empresa, ponen un cerco y guardias, ya que se tenía que ir a dejar las notificaciones al lugar, el cual está ubicado en el kilómetro 45 de la carretera La Paz–Todos Santos. El chofer estuvo en la cárcel, unos 3 o 4 meses, pero la empresa pagó la fianza”.
El secretario del Consejo comentó que ya ha pasado un poco más de 2 años, y las autoridades no han dado seguimiento al tema, a pesar de que existen 2 demandas de carácter federal, en contra de quien resulte responsable.
“El caso, después de dos años, sigue detenido, la esposa y la hija del fallecido, viven en un cuartito pequeño, y no han recibido la indemnización; hay compañeros que viven en la calle porque, obviamente, se quedaron sin trabajo, y he sabido de que a varios los han visto en el relleno sanitario juntando basura; también interpusimos una demanda federal contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por hacer caso omiso a la situación – de hecho, las dos denuncias son federales […] Expongo este caso a la opinión pública para hacer presión hacia las autoridades; hace un mes fui a la Defensa del Trabajador, y apenas iban a ir a ver si realmente la demanda fue puesta por la viuda, si existe, el lugar donde vive y ese tipo de trámites”.
