Reforma propone cárcel de 5 a 15 años a quien robe en espacios públicos de Baja California Sur

La modificación al Artículo 228 del Código Penal de BCS amplia los aspectos que se consideran como robo calificado en espacios públicos
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La Paz, Baja California Sur (BCS). Una iniciativa legislativa, presentada este martes 1 de noviembre, propone clasificar como robo calificado, al delito que se comete en espacios públicos de Baja California Sur como hospitales, clínicas, auditorios, canchas, parques, plazas, entre otros; se pagaría con penas de 5 a 15 años de prisión y multa de hasta 700 días.  

En la reforma propuesta, se cambiaría el inciso “h” del Artículo 228 del Código Penal de Baja California Sur, añadiendo espacios para el uso de los ciudadanos: “cuando se cometa en contra de bienes afectados a la prestación de un servicio público Estatal o Municipal; auditorios, bibliotecas, hospitales, clínicas o centros médicos, culturales, científicos y deportivos.  

También se aplicar cuando el ilícito se origine contra canchas, plazas, parques, jardines y demás espacios del orden público, sus extensiones o departamentos, o contra uno o más de sus bienes.  

“Estos espacios que dependen del estado […] aun encontrándose alguno de ellos en proceso de construcción o remodelación, han sido afectados por la delincuencia, robándoles cableado eléctrico y también otras cosas como artículos de papelería, rejas y tapas de registros”, argumenta el documento.  

La norma debe tener un mayor espectro de protección, lo que nos ha motivado para la presentación de esta iniciativa, con la finalidad de facilitar la interpretación de los operadores jurídicos, expresó la legisladora promovente, Paz del Alma Ochoa Amador.  

“Esta aportación es importante para la protección del patrimonio del estado y, por ende, de las y los sudcalifornianos, por ello y por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, presento ante esta Honorable Asamblea […] el proyecto de decreto”, expuso la diputada.  

Finalmente, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Seguridad Pública para su análisis, continuando con el procedimiento legislativo correspondiente.  


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