La Paz, Baja California Sur (BCS). El legislador priísta, Ricardo Barroso Agramont celebró el desempeño de la Procuraduría General de la República (PGR), tanto en el caso de Ayotzinapa, así como en la investigación de los homicidios cometidos, presumiblemente, por el crimen organizado
“Está avanzando y dando resultados”, afirmó.
El legislador priísta, primero, opinó acerca del clima de violencia que se ha experimentado en la capital de Baja California Sur. Insistió que la administración de Marcos Covarrubias Villaseñor debe ofrecer seguridad a sus gobernados.
Y sostuvo: “Constitucionalmente, la obligatoriedad de la seguridad depende y recae del Gobierno del Estado”.
El senador dijo que los tres órdenes de gobierno deben trabajar en conjunto, “sin lanzar la bolita a nadie”, pero reiteró que “no hay estrategia” en Baja California Sur. Por ahora, van más de 40 asesinatos con armas de alto impacto y la PGR no ha atraído los casos por crimen organizado, delito de su competencia.
“Desconozco, porque no hemos tenido oportunidad de tener información ni ser partícipes, en un esquema que nos permita saber más allá de cuánto ha cumplido la PGJE (Procuraduría General de Justicia del Estado) con la integración de los expedientes para que se trasladen y sean sujetos a participación de la PGR”, añadió.
Críticas a la Delegación de la PGR
Sin embargo, al preguntar su postura ante las críticas que recibió la delegación de la PGR por los organizadores de la Marcha por La Paz que buscaron, por tercera vez, ver al delegado José Eduardo Peruyero Redondo. Al respecto declaró:
“Está avanzando y dando resultados; y como todo podemos perfeccionar en eso”.
Víctor Martínez de Escobar, Francisco Avilés Núñez y Arturo Rubio Ruíz se carearon con un representante de la dependencia federal.
Rubio Ruiz explicó en su columna semanal lus et Ratio que “no existe fundamento legal ni tecnicismo jurídico que obligue a la PGR a atraer la competencia, pues esa facultad es potestativa (voluntaria)”.
“Para que la PGR atraiga la competencia, se necesitaría que el gobierno estatal hiciera la solicitud formal, que no es requisito legal, es un costo político que el gobernador debe pagar”, expresó.
Ayotzinapa
Por otro lado, en el asunto de los 43 desaparecidos de Ayotzinanpa, Barroso Agramont explicó que “hay varias líneas de investigación abiertas, y se va resolviendo, y falta por investigar”.
“Las investigaciones avanzan; no habrá nada que pueda compensar el dolor de los familiares, y estudiantes preocupados”, expresó.
