La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Rosa Delia Cota Montaño hizo un llamado al procurador de Justicia de Baja California Sur, Erasmo Palemón Alamilla Videla, para que defina en base a criterios jurídicos «y no políticos, la procedencia o improcedencia de las demandas presentadas por la empresa Tres Santos contra 6 particulares, con el propósito de terminar con la especulaciones que ha generado la filtración de que los integrantes de la Comisión Especial Plural de mediación en el asunto Todos Santos, hemos solicitado impunidad contra los demandados (…) Que quede claro que nunca hemos solicitado que no se ejerza la Ley»; entre los demandados figura John Moreno, representante legal de los cooperativistas.
En su pronunciamiento ayer en el Congreso del Estado, la legisladora del Partido de la Revolución Democrática dijo que la Comisión conformada por la XIV Legislatura para atender, investigar y mediar en el conflicto generado entre la Cooperativa Punta Lobos y la empresa Tres Santos «hemos realizado entrevistas con el Procurador de Justicia del Estado para solicitarle que se agilice la investigación de la demanda contra 6 ciudadanos y ciudadanas que apoyaron en su momento el movimiento social de la Cooperativa Punta Lobos, en su reclamo de respeto a los espacios que históricamente han utilizado para sus actividades de pesca”.
Cota Montaño subrayó que los 6 ciudadanos demandados no son miembros de la cooperativa antes mencionada «y su participación en las actividades consistió en apoyar las movilizaciones que realizaron los pescadores para ser escuchados y reclamar justicia (…) La empresa Punta Lobos, concesionaria de algunos de los espacios que han ocupado los pescadores, consideró que habían cometido los delitos de despojo y asociación delictuosa y presentó una demanda contra las personas que apoyaron el movimiento y no contra los que convocaron y protagonizaron la movilización. Como dicen los mismos pescadores, si hubo algún delito, nosotros lo cometimos no quienes vinieron a apoyarnos».
Indicó que en diversas ocasiones la Comisión Especial Plural del Congreso del Estado se ha entrevistado con el titular de la PGJE «y nos encontramos con la sorpresa de que esta dependencia estatal en lugar de guardar una actitud imparcial y prudente sobre el caso, simpatiza con la idea de someter a proceso a los ciudadanos que apoyaron el movimiento de los pescadores, cuestión que se demuestra con la nota filtrada a los medios, donde se dice que la diputada Guadalupe Rojas y el esto de los integrantes de la Comisión Especial fuimos a solicitar se retiren los cargos contra los demandados», considerando que este tipo de actitudes de parte de la Procuraduría «es preocupante».
Rosa Delia Cota añadió que no se encuentra claro el o los delitos que se les imputan a los 6 ciudadanos y se preguntó, si con este tipo de acciones, de ciudadanos que apoyan una movilización social «se pretende castigar como delito la solidaridad con cualquier movimiento ciudadano para mandar el mensaje de que en Baja California Sur a todas las personas que se pronuncien o movilicen en solidaridad con otros ciudadanos, serán sospechosos y podrá tratárseles como delincuentes».
