La Paz, Baja California Sur (BCS). Con micrófono en mano y acompañado de un par de mantas de protesta, donde se precisa el nombre de “funcionarios incompetentes” de la administración municipal, Onésimo Guadalupe Domínguez Márquez, representante del grupo Nuevo Milenio, solicita al gobierno de Esthela Ponce Beltrán cumpla sus compromisos con las personas con discapacidad, quienes se han visto, ahora más que nunca, asegura, vulneradas en sus derechos elementales desde el inicio de su gestión.
Domínguez Márquez recuerda que en 1999, bajo la administración estatal de Leonel Cota Montaño, quien “causa urticaria” entre los priistas, dijo, se instaló el Programa Nacional de Beneficio Económico y Social a Personas con Discapacidad, el cual, desde hace cerca de cuatro años, ha sido olvidado, tanto por Ponce Beltrán como por el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor.
El programa marca cinco estrategias en materia de integración social que se han visto mermadas: 1. Integración al trabajo; 2. Integración a la asistencia social; 3. Integración a la vida educativa; 4. Integración al deporta, la recreación y la cultura; 5. Integración a la accesibilidad en comunicaciones y transportes.
Los gobiernos no ratificaron convenios establecidos en el programa, “se desmereció”, explica Onésimo Guadalupe, recordando algunos beneficios que hoy no se encuentran vigentes, como descuento en transporte marítimo para cruzar hacia el macizo continental, descuento en transporte terrestre para cruzar el estado en autobuses foráneos, o descuento en medicinas para personas con discapacidades mentales.
Uno de los señalamientos más sentidos es la falta de un transporte público inclusivo, mostrando que en Los Cabos se ha logrado, gracias a la voluntad, indica, que una flota de autobuses cuenten con rampa para personas con discapacidad, logrando que puedan contar con empleo.
Asimismo, está la dificultad de transitar por las banquetas de la ciudad, las cuales son irregulares y presentan señalamientos de tránsito y postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en las rampas destinas para el uso de sillas de ruedas. Ante esta situación, comenta Onésimo Domínguez, Tito Fenech Cardoza, titular de la Dirección de Desarrollo Urbano, ha comentado que no se puede hacer nada al respecto, pues la paraestatal se ha amparado para no deshacerse de sus obstrucciones, mientras que en el caso de los particulares que modifican el nivel de las acera simplemente se ha desentendido.
En el municipio de La Paz, según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), viven más de 9 mil 500 personas con alguna discapacidad, de las cuales, 3 mil 800 tienen problemas para utilizar el transporte público.
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