La Paz, Baja California Sur (BCS). La Secretaría de Salud (SSA) en Baja California Sur, por medio de la Comisión Estatal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios (Coepris), estará realizando diversos operativos en establecimientos de venta de licores y bebidas preparas, a fin de promover la prevención de adicciones en los jóvenes y niños sudcalifornianos.
En ese sentido, el secretario de SSA en la entidad, Víctor George Flores, dio a conocer que, el desarrollo de tales operativos está contemplado dentro de la “Estrategia Nacional para la Prevención del Consumo de Bebidas Alcohólicas en Menores de Edad”, mismos que buscan proteger la salud e integridad de la niñez y juventud en BCS.
Por su parte, la comisionada estatal de Coepris, Blanca Pulido Medrano, aseguró que la institución a su cargo ha mantenido encuentros constantes con empresarios y comerciantes relacionados al giro de la venta de alcohol, esto a fin de difundir un protocolo para garantizar que los clientes sean mayores de edad, además de que se impida la entrada a menores de 18 en los “antros”.
Conviene mencionar que dicha estrategia fue implementada en junio del 2016 por la Comisión Nacional contras las Adicciones (Conadic) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la cual serviría para la capacitación de organizaciones empresariales del comercio e industria restaurantera en BCS para el conocimiento de las disposiciones legales.
Los operativos tienen contemplado el recorrido en establecimientos donde se venden bebidas alcohólicas en envases cerrados, así como aquellos lugares donde se comercializan las bebidas preparadas; asimismo se estará aplicando el “alcoholímetro amigable” por personal de la Red Estatal de Salud Mental y Adicciones, a fin de convencer a los clientes de evitar conducir, una vez que se han rebasado los niveles de alcohol permitidos.
Finalmente, se informó que, de encontrarse evidencias de la venta de bebidas alcohólicas a menores, acto que es equiparable con el delito de corrupción de menores, se podría suscitar la suspensión parcial o total de actividades en el establecimiento, así como convertirse en acreedores de multas administrativas por encima de los 960,000 pesos y una denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.
