La Paz, Baja California Sur (BCS). En rueda de prensa, la delegación sudcaliforniana de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reveló la identidad de los “enganchadores” que trajeron al estado a los más de 200 jornaleros agrícolas rescatados en el municipio de Comondú por vivir en condiciones infrahumanas.
Se trata de Alejandro Bellereza Ruelas y Fortino Pellegaud Osorio, quienes aceptaron ser responsables del traslado de trabajadores desde el municipio de Creel, en Chihuahua, a BCS, con el fin de contratarlos para la pizca de papa de la empresa El Cerezo Sociedad de Producción Rural durante seis semanas, pues después serían trasladados a Sinaloa y a Sonora.
Ernesto Álvarez Gámez, delegado en BCS de la STPS, señaló que ambos fueron denunciados penalmente ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), aunque los propietarios de la Sociedad de Producción Rural, de quienes prefirió no revelar identidad, no corrieron la misma suerte, aceptó, e incluso se negoció con ellos para permitir que las personas rescatadas siguieran trabajando en otro rancho mientras viven en una bodega con mejores condiciones que las chozas de plástico y cartón donde fueron hallados.
Bellereza Ruelas y Pellegaud Osorio, según los informes de la STPS, “afirmaron que los responsables de las malas condiciones de vivienda y laborales son responsabilidad de la empresa, porque el administrador es quien les asigna los predios para vivir, pero sin ningún acondicionamiento; ellos deben instalarse como pueden y con los materiales que encuentren, les instalan algunos baños que nunca son limpios y se les dota de una cantidad mínima de agua”.
Aceptaron también, dijo, Ernesto Álvarez Gámez, que no les pagaban su sueldo como les prometieron al salir de Creel, sino que al llegar al estado les dijeron que “al final de la cosecha” les pagarían su salario de tres meses, sin embargo, de lo que les pagarían por costal de papa los enganchadores tomaban ocho pesos, dejando sólo con cuatro pesos por costal a los jornaleros.
Bellereza Ruelas y Pellegaud Osorio enfrentan una denuncia penal por trabajo infantil, detalló el delegado de la STPS, agregando que las investigaciones iniciaron desde el 10 de marzo, a raíz de la denuncia publicada en un medio de comunicación local el 6 de marzo, dejando ver que los trabajos de la dependencia no fueron suficientes para percatarse del hecho a pesar de que los jornaleros vivían en las condiciones que fueron encontrados desde el mes de enero.
En la rueda de prensa estuvo presente Ricardo Millán Bueno, delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob), a quien se le cuestionó si pudiera pesar alguna pena administrativa contra las empresas nacionales y trasnacionales que compran los productos El Cerezo, mencionándose Soriana y Walmart directamente, y aunque no desmintió que la empresa fundada por los hermanos Francisco y Armando Martín Borque, así como la de la familia Walton, sean quienes aprovechan mayormente la cadena de valor iniciada en la pizca, señaló que no hay competencia que se encargue del tema.
