Los Cabos, Baja California Sur (BCS). Con base a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Baja California Sur, el Gobierno de Los Cabos a través de la Contraloría General Municipal, a cargo de Alejandro Arechiga de la Peña, determinó la suspensión temporal del cargo al coordinador de Protección Civil en Cabo San Lucas, Joaquín Téllez Alamo, hasta que resuelva su situación jurídica ante la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Apegados al Artículo 55, mismo que puntualiza: “Al iniciar el procedimiento de destitución con inhabilitación la instancia competente determinará la separación provisional del Servidor Público de su empleo, cargo o comisión, hasta que resuelva en definitiva sobre la sanción a imponerse. Esta suspensión de ninguna manera prejuzga sobre la responsabilidad imputada, y cesará cuando así lo resuelva la propia Secretaría de la Contraloría independientemente de la iniciación, confirmación o conclusión del procedimiento”.
Así como el Artículo 56 que precisa: “si de las constancias del procedimiento se desprendiere la posible comisión de un hecho delictuoso, la Secretaría de la Contraloría remitirá copia de ellas a la Procuraduría General de Justicia del Estado para los efectos legales que procedan, sin perjuicio del derecho del denunciante a hacer directamente del conocimiento del Ministerio Públicos, tales hechos”.
De igual manera, en el Artículo 57, señala: “En el caso de Servidores Públicos suspendidos provisionalmente, no resultarán responsables de la falta imputada, serán restituidos en el goce de sus derechos y se cubrirán las percepciones que debieron recibir durante la suspensión”.
La contraloría Municipal reitera las palabras del Presidente Municipal de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, al no haber tolerancia para ningún funcionario público que haya formado parte de los actos reprobables realizados en días pasados en las tiendas comerciales, luego de paso del huracán Odile, por ello, dieron inicio a un proceso de investigación que consiste en requerir al funcionario municipal como presunto responsable, informes por escrito y de manera personal, así como una comparecencia ante la Contraloría General Municipal.
Por tal motivo se dará seguimiento oportuno al resolutivo de la PGJE a fin de tomar una decisión definitiva y en el supuesto que se determine que no hay responsabilidad penal en contra del servidor público, será reinstalado y retribuido con sus percepciones económicas correspondientes como lo marca la Ley.
