La Paz, Baja California Sur (BCS). El tema de la minería submarina en Baja California Sur vuelve a ser tema de preocupación para el gobierno mexicano, ya que te el proyecto “Don Diego” amenaza con volver a intentar establecerse en Puerto Chale, Comondú, a pesar de 2 negativas a los permisos —en años anteriores—por las consecuencias ambientales que significa; ahora la empresa demanda 3,500 millones de dólares a México, en caso de no dejarla trabajar.
“Desde septiembre del 2020 nos encontramos en un proceso de arbitraje internacional, bajo el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio (TLC), por el cual están solicitándole a México la cantidad de 2,600 millones de dólares más un interés del 14 % anual, más el pago de peritajes y de todo el proceso, podríamos hablar de alrededor de 3,500 millones de dólares”, informó el director regional Noroeste CEMDA (Centro Mexicano de Derecho Ambiental), Mario Sánchez.
Esta demanda se originó en 2019, por parte de la empresa Odyssey Marine Exploration, según se informó en su momento, por la violación de 3 artículos del Tratado de Libre Comercio; esto, ante el proyecto que pretendía durar 50 años en costas del municipio de Comondú.
Cabe mencionar que, la primera negativa se dio en abril del 2016 y la segunda en octubre del 2018, bajo el argumento de la aplicación del principio precautorio ante posibles daños al medio ambiente, especies marinas protegidas y las pesquerías de los ejemplares de langosta, pulpo y abulón, que es la principal fuente de ingreso de la comunidad de Puerto Chale, esto lo corroboró la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores.
“Recomendaciones, pues aplicación del principio precautorio en su sentido más amplio por el peligro del daño grave o irreversible de la falta de certeza científica y de tecnología”, señaló la titular de Semarnat.
Lo anterior, lo entienden muy bien los pescadores del puerto, quienes señalaron que cada vez más personas “saben que la minería nos va a perjudicar”, expresaron; no obstante, la preocupación es que el gobierno mexicano acepte por no querer pagar, dentro de las negociaciones.
“Tenemos nuestra preocupación, en el sentido que lleguen a querer negociar esa multa por el trabajo; estamos trabajando en ese sentido, que no se dé”, expuso el presidente de la Cooperativa Pesquera Puerto Chale, Florencio Aguilar.
De acuerdo con el calendario procesal, entre el 24 y 28 de enero próximo se realizará la audiencia para conocer el veredicto final. Ante este panorama, se escuchan las voces de algunos representantes de no ceder en las negociaciones, como lo mencionó el titular en México del Centro para la Diversidad Biológica, Alejandro Olivera: “No hay carta de negociación”.
Finalmente, el responsable del programa de investigación de mamíferos marinos, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), explicó que la explotación del yacimiento de fosfato en el fondo marino modificaría la migración milenaria de la ballena azul, ballena jorobada y la ballena gris, por el ruido y el tráfico marítimo y, sería también un golpe para la pesca comercial que se exporta a países asiáticos.
“La comunicación más importante de estos animales es la acústica, porque la vista está limitada, y cuando hay ruido, hay problemas en la comunicación […] están en el fondo, no le hacen daño a nadie y, al remover pasan a formar parte de la columna de agua y ahí si pasan a ser tóxicos y peligroso”, concluyó.
Con información de Imagen Noticas
