Los Cabos, Baja California Sur (BCS). Luego de que al tesorero de Los Cabos, José Martín Talamantes Geraldo se le pasó el periodo de 30 días para dar de alta en el Registro Estatal un crédito de 203 millones de pesos e intentara realizarlo de manera extemporánea, la Secretaría de Finanzas y Administración se negó, por lo que se está a la expectativa de las consecuencias que asumirá el funcionario por errar en su labor con un acuerdo millonario.
“Serán responsables solidarios con los servidores públicos respectivos, las personas físicas o morales privadas en los casos en que hayan participado y originen una responsabilidad”, Explica la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios de la Secretaria de Servicios Parlamentarios.
Además, en el artículo número 64, dictan que los funcionarios deben hacer del conocimiento de la autoridad cuando haya una conducta sancionable dentro del área penal.
“Los funcionarios de las Entidades Federativas y los Municipios informarán a la autoridad competente cuando las infracciones a esta Ley impliquen la comisión de una conducta sancionada en los términos de la legislación penal”, detallan en el apartado.
Una de las principales consecuencias que podría sufrir el Ayuntamiento por culpa de este descuido, es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podría retirar la autorización que entregaron anteriormente para la desaladora, puesto que, sin el crédito de los 203 millones de pesos, no se tendrían los recursos económicos suficientes para el cumplimiento de proyectos en Los Cabos.