Los Cabos, Baja California Sur (BCS). Este martes 30 de julio, el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis anunció que se obtuvo del Gobierno Federal la inversión requerida para la construcción de la “anhelada” desaladora para el municipio de Los Cabos; se destinarán 1,000 millones de pesos.
“Gracias a las gestiones que realizamos a lo largo de casi 4 años ante el gobierno federal, se materializará la anhelada desaladora de Los Cabos. Ya Hacienda anunció que va. ¡Lo Logramos!”, expresó el mandatario sudcaliforniano, a través de redes sociales.
En ese sentido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) explicó que en el país se destinarán recursos por un orden de 485,000 millones de pesos, adelantando las licitaciones del gobierno federal para el ejercicio fiscal 2020.
“Destaca el proyecto del Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procedimiento de Desechos en Nuevo León, por más de 10,000 mdp; el proyecto de transporte urbano en Ciudad Juárez, Chihuahua, por 2,000 mdp; así como la Planta Desaladora ‘Los Cabos’, en Baja California Sur, por 1,000 millones de pesos”, detalló el comunicado.
Se dedicarán 50,000 millones de pesos, sin impacto presupuestal, en proyectos del sector carretero, hidráulico, transporte y desarrollo urbano, así como telecomunicaciones y manejo de residuos, refirió la dependencia federal.
Entre otras medidas, también se otorgarán créditos y garantías a más de 130,00 pequeñas y medianas empresas y a 370,000 micronegocios, detonando financiamiento de hasta 270,000 millones de pesos.
En junio de 2018, se aprobó en el Congreso del Estado el realizar la construcción de una planta desaladora en Los Cabos, con un costo de 890 millones de pesos, no obstante, en enero de 2019 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó el proyecto del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable de Los Cabos (Oomsapas LC).
Por último, el Gobierno Federal detalló que las contrataciones vinculadas a procesos en 2019 y a las licitaciones anticipadas 2020 de bienes y servicios alcanzarán un monto de hasta 116,000 millones de pesos, permitiendo a diversas empresas anticipar sus proyectos de proveeduría al sector público.
