La Paz, Baja California Sur (BCS). La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), con sede en Ecuador, presentó parte de un estudio en el que se identificaron 29 conflictos sociales derivados de la minería; en Baja California Sur identificaron tres.
El proyecto Concordia, ahora Los Cardornes de Vista Gold, así como Invecture Group; Argonaut Gold con la Pitalla y, aunque se ubique en el estado de Baja California, El Arco de Grupo México, el cual, según cultivadores de Vizcaíno, en el municipio de Mulegé, afectará su suministro de agua.
En el texto La megaminería en México. Reformas estructurales y resistencia, la investigadora en Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara, analiza la historia minera de México y resaltó que los problemas surgían antes por cuestiones laborales.
“Ahora, los conflictos se dan en torno a la defensa del territorio y los medios de vida rurales. Si bien existen muchos antecedentes, éstos han proliferado desde finales de la década de 1990, bajo las condiciones estructurales esbozadas arriba, que dan a las empresas mineras privadas el poder de saquear los recursos minerales del país a un ritmo inusitado”, explica.
La experta recuerda el largo recorrido que inició en 1990 para liberar la industria minera, abriendo la posibilidad de permitir la propiedad extranjera bajo la figura de “sociedades mexicanas”, permitiendo “concesiones mineras para un período de cincuenta años y son renovables al final de ese período.”
En el pasado, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) informó que cerca de 33 concesiones habían sido otorgadas a empresas en territorio de La Paz.
“Los proyectos mineros modernos de gran escala conllevan múltiples consecuencias ambientales y sociales. Tanto la minería subterránea como la de tajo abierto dejan atrás montones de escombros que emiten metales pesados y otras sustancias tóxicas al medio ambiente”, opinó.
Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Chihuahua, Baja California, Guerrero, Michoacán, Puebla, Durango, Sonora, Zacatecas, Jalisco y San Luis Potosí son los estados donde la resistencia de la sociedad ha ocurrido.
“Estas empresas emplean tecnologías de vanguardia que permiten procesar a bajo costo millones de toneladas de minerales de baja ley. Esto se hace al externalizar los costos ambientales en forma de destrucción masiva de tierras, contaminación tóxica y altos niveles de consumo de agua y energía”, explicó.
En la actualidad, Los Cardones decidió retirar la autorización condicionada que le dio la Semarnat; algunas fuentes expertas en la materia afirman que regresarán tras una nueva estrategia de convencimiento social. Además, está tratando de comprobar la tenencia de la tierra.
La Pitalla se encuentra detenida, misma que fue cancelada. El Arco no ha solicitado autorización de la autoridad ambiental, sin embargo, han tenido acercamientos con ejidatarios de El Costeño para rentar sus tierras en el proceso de exploración.
