La Paz, Baja California Sur (BCS). Según un informe de transparencia, solicitado al Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres (ISMujeres), el actual Gobierno del Estado de Baja California Sur no ha cumplido con capacitar a los servidores públicos en la prevención y erradicación contra la violencia hacia la mujer; no hubo presupuesto de acuerdo con la ley, refirió una investigación de Tres Seis Cinco.
“Durante el periodo del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, el Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres no contó con presupuesto asignado para llevar a cabo capacitaciones como lo estipula la Ley de Capacitación en materia de Género, de Prevención y Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres para el Estado de Baja California Sur”, respondieron.
La solicitud realizada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, fue respondida el pasado 20 de enero, donde la autoridad argumentó que, aunque no se cumplió con dichas capacitaciones el año previo, para este 2023 se está trabajando en una serie de actividades del Programa Operativo Anual de Mejora Regulatoria.
“Inicia con la propuesta de integración del Programa de Capacitación que estará encargado de dar cumplimiento de conformidad con las leyes […] y con ello contar con el presupuesto que permita la ejecución de las disposiciones”, agregó el Instituto.
Según el ISM, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío no habría asignado un presupuesto para llevar a cabo las capacitaciones, tal como lo estipula la Ley de Capacitación en Materia de Género, de Prevención y Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres.
Como se recuerda, en julio de 2021 fue publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, la mencionada norma, donde se especifica que ninguna persona servidora pública podrá, en tanto no curse la capacitación, ser promovida para un cargo superior o análogamente superior.
Conforme a lo que estipula el estatuto, se debía capacitar a los altos mandos dentro de la actual administración, como los titulares de la Secretaría de Despacho, Subsecretaría de Despacho, Coordinación General, Dirección General, así como los análogos en los demás poderes, y organismos autónomos.
La disposición indica que toda persona servidora pública o prestadora de servicios profesionales que recién inicie su encargo tendrá un plazo de 90 días para tomar la capacitación, algo que, según lo informado se ha incumplido.
Finalmente, la norma explica que toda persona que se niegue a recibir las capacitaciones previstas en la presente Ley o no asista a las capacitaciones impartidas, será considerado como falta grave dando lugar a una sanción administrativa. Ninguna persona servidora pública podrá, en tanto no curse la capacitación, ser promovida para un cargo superior.
Cabe señalar que, apenas este 31 de enero del 2023, el Gobierno del Estado dio arranque a un programa que busca erradicar la violencia de género en las instituciones; sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, pues durante el evento se dieron reclamos en su contra por tener a funcionarios “acosadores”.
