Ya presentaron iniciativa para que deudores alimentarios no puedan tener puestos públicos en BCS

El Poder Legislativo de BCS deberá analizar la iniciativa y, de aprobarse, se permitirá su aplicación antes del próximo proceso electoral
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La Paz, Baja California Sur (BCS). Durante este martes 7 de febrero fue presentada una iniciativa que tiene por propósito eliminar la violencia contra las mujeres en Baja California Sur; esto, por medio de una reforma que impide que agresores y deudores alimentarios ocupen cargos con toma de decisiones.  

“Se propone evitar que los agresores y deudores alimentarios ocupen un cargo de toma de decisiones, que no accedan a ninguna función pública o responsabilidad en el ámbito Legislativo, Ejecutivo o Judicial”, explicó una de las promoventes.  

Las legisladoras Teresita de Jesús Valentín Velázquez y Gabriela Cisneros argumentaron que la “3 de 3 contra la violencia” servirá como garantía de protección a través de la cual los partidos políticos deberán solicitar a las personas aspirantes a una candidatura firmar un formato, de buena fe y bajo protesta de decir la verdad.  

En el documento, se deberá señalar que no han sido condenados o sancionados mediante resolución firme por: violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público. Por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal o por ser personas deudoras alimentarias morosas. 

“La idea ahora es que esto no quede sólo como un acuerdo, sino que se legisle para que sea vinculante y se fortalezca el objetivo de su creación”, destacaron las diputadas.  

Por otro lado, sobre la violencia política contra las mujeres por razón de género, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales ya establece entre los requisitos de elegibilidad para ser diputada o diputado federal, senador o senadora. El cual especifica en su artículo 10: no estar condenada o condenado por ese delito.  

Finalmente, la iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, Derechos Humanos, Asuntos Indígenas, Transparencia y Anticorrupción, de aprobarse se permitirá su aplicación antes del próximo proceso electoral.  


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