La Paz, Baja California Sur (BCS). Durante la tarde de este miércoles, se aprobó en el Congreso del Estado la nueva Ley de Derechos Humanos de Baja California Sur, misma que incorpora las modificaciones aprobadas en la legislación nacional en el 2011 en las que se contemplan principios, mecanismos y procedimientos para las diversas entidades federativas.
Al respecto, el diputado Camilo Torres Mejía dijo que las reformas que son incorporaras a la nueva normatividad estatal tiene que ver con los tratados internacionales de los que México forma parte, con lo que se ampliará la gama de herramientas jurídicas que dan mayor certeza al ejercicio y protección de los derechos humanos a nivel nacional.
La nueva Ley contiene procedimientos, principios y atribuciones a los que está sujeta la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) dándole facultades legales para la defensa de las garantías de los sudcalifornianos, indicando que se logra un fortalecimiento de su autonomía, para realizar una mejor gestión.
Conviene mencionar que el dictamen especifica cuáles son las obligaciones de las autoridades y el Estado respecto a los derechos humanos, de acuerdo con las disposiciones que marca la Constitución del Estado.
“Todas las autoridades en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que en consecuencia el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezcan las leyes respectivas, tal como lo señala expresamente la Constitución General de la República y la del Estado de Baja California Sur”, manifestó Torres Mejía en su intervención.
Finalmente, la nueva Ley Estatal de Derechos Humanos contempla acortar los tiempos para el actuar de la CEDH en el caso de que se presenten violaciones a las garantías humanas, protección de los datos de quien hace la queja y la gratuidad de todo proceso.
Entre las nuevas atribuciones de la institución se encuentra la faculta de solicitar a las autoridades competentes las medidas precautorias o cautelares necesarias para proteger los derechos de las personas, especialmente cuando se encuentre en riesgo su integridad física; cabe indicar que este nuevo ordenamiento legal viene a sustituir el que se encontraba vigente en la entidad desde hace 25 años.
