Joven impedida de abortar en BCS por autoridades tras violación, lo hará en Ciudad de México

La joven indígena, que fuera sexualmente abusada por un hombre mayor que ella, recibió apoyo de asociaciones civiles feministas que operan en la media península y en la Ciudad de México, a fin de que fuera trasladada a la capital mexicana
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La Paz, Baja California Sur (BCS).  Luego de que funcionarios de diferentes dependencias estatales de Baja California Sur como la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la Secretaría de Salud (SSA) y el Instituto Sudcaliforniano de la Mujer (Ismujer) negaran el derecho de abortar un producto derivado de una violación a una joven indígena de 18 años, quien fuera raptada y embarazada por su agresor en el municipio de La Paz, tras calificarlo como un “delito”, ésta, se trasladará a la Ciudad de México para practicarse la interrupción legal de la gestación.

La joven indígena, que fuera sexualmente abusada por un hombre mayor que ella, recibió apoyo de asociaciones civiles feministas que operan en la media península y en la Ciudad de México, a fin de que fuera trasladada a la capital mexicana, con pago de viáticos, para practicarle la interrupción legal del embarazo de manera segura.

Esto, luego de que autoridades de la entidad, negaran el derecho de aborto a víctimas de violación, ignorando por completo la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, la cual expresa: 

“Las instituciones prestadoras de servicios de atención médica, deberán, de acuerdo a la norma oficial mexicana aplicable, ofrecer de inmediato y hasta en un máximo de 120 horas después de ocurrido el evento, la anticoncepción de emergencia, previa información completa sobre la utilización de este método, a fin de que la persona tome una decisión libre e informada”.

Aunque los titulares de dichas dependencias estatales, Erasmo Palemón Alamilla Villeda de PGJE, Víctor George Flores de SSA y Cristina Herrera de Ismujer, fueron exhortados por el Senado de la República a que se aplicara correctamente la norma y que se sancionara a todo aquel personal bajo su mando, que le sesgaron información a la joven y le calificaron como delito su derecho, la víctima tuvo que trasladarse a otro estado para que se le respetasen sus derechos humanos.

Al respecto, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho comentó que la joven fue revictimizada por los funcionarios públicos sudcalifornianos en el Ministerio Público y en la Secretaría de Salud, quienes  le aseguraron que abortar es un delito y que si lo hacía por otros medios, sería perseguida por ello.

De acuerdo con De la Toba Camacho, a la joven se le negaron derechos a la salud, a la información, a su testimonio y a la interrupción legal del embarazo.

En ese sentido, el titular de la CEDH comentó que la joven fue obligada a ampliar su denuncia porque los funcionarios del Ministerio Público tenían dudas sobre las fechas en las que fue violada, por lo que la joven admitió que antes del rapto el hombre ya había abusado de ella, pero no lo delató.

Finalmente, comentó que por el momento la investigación permanece abierta, pero no descartó que emita una recomendación a la Secretaría de Salud estatal y al Ministerio Público.

 

Con información de Proceso.


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