La Paz, Baja California Sur (BCS). Los diputados de BCS, que se encargarían de resolver un Juicio Político en contra de los exregidores de La Paz, por haber aprobado el cambio de uso de suelo de Los Cardones, decidieron turnar los expedientes a la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General del Estado y la Contraloría del Ayuntamiento; esto, debido, a que la actual legislación, aseguran, se encuentra obsoleta como para proceder en contra de los señalados.
Esta determinación, según explicaron algunos diputados de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional, se debe a que la actual Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Baja California Sur “es obsoleta y las figuras para que se actualice el juicio político son muy generales y de una exigencia de comprobación de alto estándar probatorios, lo que dificulta la configuración de las hipótesis respectivas».
La Diputada Guadalupe Saldaña Cisneros dio a conocer que a raíz de esta experiencia la Fracción del PAN presentará a la brevedad al pleno de la XIV Legislatura una iniciativa de nueva Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para la entidad, “acorde a las exigencias de la sociedad contemporánea, ya que la actual normatividad en la materia entró en vigor en el mes de febrero de 1984, cuando en el país y en el estado existan otras condiciones sociales y políticas”.
Con esto, el Congreso del Estado pone final al Juicio Político promovido por autoridades del Municipio de La Paz, que encabeza Armando Martínez, mostrándose incompetentes para juzgar legalmente a los involucrados en la supuesta aprobación ilegal de permisos a favor de la minera que pretendía extraer oro de la zona de amortiguamiento de la Sierra de la Laguna.
