La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Guadalupe Vázquez Jacinto, presentó un proyecto de ley para derogar el artículo 303 del Código Penal denominado “ultrajes a la autoridad”, por ser inconstitucional, puesto que contendría una descripción ambigua, que podría abrir la posibilidad de una interpretación arbitraria por parte de las autoridades. Fue enviada a comisiones el pasado 27 de junio del año en curso.
“La presente iniciativa tiene como objeto principal derogar el artículo 303 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur denominado ultrajes a la autoridad, ya que la tipificación de este delito deviene inconstitucional, por contener una descripción típica ambigua, vaga e indeterminada, constituyendo un tipo penal abierto, que abre la posibilidad de una aplicación e interpretación arbitraria por parte de las autoridades”, señala el proyecto presentado por la legisladora.
Asimismo, la representante de la Fracción Parlamentaria del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), indicó que el delito de ultrajes ha sido considerado como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que su redacción es poco clara e indefinida.
Indicó que se esta no cumple con los estándares de legalidad, respeto y garantía de derechos humanos, ya que su definición está sujeta a la consideración de la autoridad agraviada, resultando confuso que se actúe de esa manera.
Argumentó que es importante determinar previamente si una persona, al momento de manifestarse verbalmente o por medio de expresiones físicas en contra de una autoridad, está verdaderamente cometiendo un delito, pues existe la libertad de expresión.
Por otra parte, recordó que anteriormente el Senado de la Republica exhortó al Congreso de Baja California Sur, a derogar el delito de ultrajes a la autoridad, o cualquier otro delito homólogo existente en el Código Penal.
Conviene mencionar que, actualmente, el artículo 303 de Código Penal, señala que la persona que ultraje o ejerza violencia en contra de una autoridad en el ejercicio de sus funciones, se le impondrá una condena de 6 meses a 2 años en prisión, así como una multa por 50 días, independientemente de la sanción que se le correspondiera si es que llegara a cometer otro delito.
Además, se señala que los ultrajes hechos a la Legislatura, un tribunal o cualquier institución pública, se sancionarán con un periodo en prisión desde 1 hasta 3 años y la multa de hasta por 100 días.
Finalmente, Guadalupe Vázquez solicitó que se derogue el contenido del capítulo IV denominado “Ultrajes a la Autoridad”, perteneciente al Título Décimo Séptimo del Código Penal para el Estado libre y soberano de Baja California Sur. De ser aprobado la propuesta entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
