Ejecutivo presentará al Congreso de BCS, terna para Comisión Estatal de Atención a Víctimas

Se busca coadyuvar planes y programas para garantizar la representación y participación directa de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil
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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Secretario General de Gobierno, Álvaro De la Peña Angulo informó, que el Gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis, en breve presentará al Congreso del Estado, la terna con las propuestas para elegir al representante de la sociedad civil que integrará a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.

De la Peña Angulo, indicó que toda vez, concluido el periodo para recibir propuestas de candidatos para desempeñarse como Comisionado Ciudadano de esta Comisión Ejecutiva, sin haberse presentado ninguna propuesta o aspirante para tal objetivo, será de acuerdo a lo establecido a la Ley, que el titular del Ejecutivo Estatal, haga llegar al poder Legislativo una terna con tres propuestas para ocupar el cargo en cuestión.

El Secretario General explicó, que dentro de las funciones del Comisionado Ciudadano, se encuentran las de coadyuvar en la ejecución de acciones, planes y programas previstos en la Ley en mención, para garantizar la representación y participación directa de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil, esto en medida de una construcción de políticas públicas que se relacionen con la ayuda, atención, asistencia, protección o reparación integral a las víctimas del delito o de violaciones a derechos humanos.

“Es importante que quienes son víctimas de algún delito, tengan la certeza de que en Baja California Sur se cuenta con los medios jurídicos para acceder de manera inmediata a su atención y a una protección integral, además de que contarán con un representante que estará supervisando que cada una de las instituciones cumpla con la obligación que le establece la Ley en este sentido”, dijo el Secretario.

Para finalizar, mencionó que se está trabajando con los 3 órdenes de Gobierno, para lograr integrar políticas públicas e integrales, donde se dé el respeto a la Ley y los derechos humanos, en tanto para proteger a las familias sudcalifornianas, como para quienes han sido víctimas de un delito.


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