La Paz, Baja California Sur (BCS). El diputado de extracción panista Edson Gallo Zavala, propuso la modificación a los artículos 46 y 60 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, a fin de hacer obligatorio la realización de exámenes toxicológicos cada semestre a quienes se desempeñen en cargos directivos en el servicio público.
Presentada en la sesión de la Diputación Permanente, el también Presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado manifestó en la exposición de motivos que con esta medida se pretende tener con este tipo de exámenes la certeza de que tanto los servidores públicos “que provienen de elección como los de designación no sean adictos al uso de estupefacientes, psicotrópicos, inhalantes o farmacodependientes”.
Gallo Zavala enfatizó que paralelamente a los principios de lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia así como de capacidad que debe de tener un servidor público de carácter estatal o municipal en Baja California Sur, se debe «estar atentos a que los cargos públicos sean ocupadas por personas capaces y con experiencia, pero también, personas sanas que no tengan hábitos inadecuados como el uso o consumo de estupefacientes, psicotrópicos, inhalantes o fármacos que pueda causar alteraciones mentales o dependencias”.
La iniciativa puntualiza en la propuesta de modificación al Artículo 50 que en caso de que el servidor público examinado resulte positivo se procederá a su inhabilitación y destitución “siempre y cuando no haya prescripción médica para su uso y medie notificación del médico tratante a la instancia de gobierno que corresponda”.
La propuesta de reforma al Artículo 46 en su Fracción XXIII contempla que a este examen, de ser aprobadas las reformas presentadas por el legislador Edson Gallo, se encuentran el Gobernador del Estado, diputados y diputadas del Congreso del Estado, Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Estatal Electoral, integrantes del Consejo de la Judicatura, jueces del Fuero Comín, secretarios y subsecretarios de despacho en el Gobierno del Estado, Contralor, consejeros Electorales, Comisionados del Instituto de Transparencia, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, así como los alcaldes, sindicos, regidores y delegados municipales de todo el estado.
La iniciativa precisa que los exámenes se estarían aplicando a los servidores públicos en el transcurso del mes de febrero y seis meses después, en agosto la segunda vez en el término de un año.
