La Paz, Baja California Sur (BCS). La investigación del asesinato del ex policía Juan Antonio Salgado Burgoin, ejecutado el pasado 21 de febrero en la colonia Misiones, sigue tres líneas de investigación: ajuste de cuentas; crimen político y venganza, difundió el semanario Zeta Tijuana.
El semanario Zeta Tijuana dio a conocer que dichas hipótesis fueron formuladas a través de la recolección de datos e información en campo y testimonios y donde en virtud de no haber detenidos, prácticamente había sido imposible ir perfilando alguna sobre lo sucedido.
En el primer caso, –según investigadores de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)- el asesinato pudo darse porque la víctima amenazó públicamente con revelar el nombre de comandantes que presuntamente cobraban dinero de las cabezas más visibles del narcomenudeo en La Paz, particularmente de “El Pepillo”, “El Pelón” y “El Rayo”, citó la publicación.
Otra opción es que la ejecución estuvo a cargo del crimen organizado “porque desde el 2010 –y en base en expedientes— había tenido cuando menos un ataque armado en su anterior domicilio de la calle Cardel en la colonia El Progreso de La Paz, cuando era comandante de la desaparecida Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo (UMAN), hoy renombrada como Centro de Operaciones Estratégicas (COE)”, se refiere.
La averiguación previa 891/2010 establece que en el atentado los presuntos responsables de la agresión fueron identificados como Simón Guillermo Hernández Peña “El Simón” y un sujeto identificado con el apodo de “El Ramsés”.
Según el expediente, el entonces comandante de la Uman, había recibido 70 mil pesos en efectivo, un lote de joyas y un rifle de asalto AK-47, a cambio de proteger a los narcomenudistas y quienes en aquel entonces operaban para el jefe de la plaza del narcomenudeo en La Paz, Adelaido Soto Aguilar o Eduardo Salas Martínez “El Güero Layo”.
Después del ataque armado, el ex suboficial dejó la vivienda de El Progreso y se fue a vivir a la colonia Diana Laura y donde radicó hasta su muerte.
La segunda hipótesis apunta a un crimen político y se refiere que pudo ser la alcaldesa de La Paz, Esthela Ponce Beltrán, “es decir, de algún político del PRI, del PAN, del PRD o del PT, sobre todo de los adversarios a la gubernatura del 2015, porque era de sobra conocido que el ex agente, grabó y publicó en la red social de Facebook un video donde acusó de que en caso de que algo le sucediera a él o su familia la responsable era la presidenta municipal de La Paz”, publicó la revista.
En el video, el ex policía también señaló a Noé López Ramírez e Iván Sánchez Escobar, comisario y director operativo de la Policía Municipal de La Paz, así como al coordinador de Enlace Gubernamental del gobierno del estado, José Manuel Santoyo García y “de quienes –expuso– ya estoy harto de que me estén enviado mensajitos de amenazas y de que me anden intimidando”.
En la videograbación, el ex suboficial dijo “sentir temor de caer en manos de un delincuente mandado por alguno de ellos y no volver con los míos y si algo me pasa son a las personas que nombré y los hago responsables de todo”.
Zeta Tijuana publicó la entrevista con un agente de investigación asignado al caso quien respondió algunas preguntas sobre todo en las acusaciones en contra de la alcaldesa Esthela Ponce Beltrán.
— ¿Quién pudo haber sido el más interesado en matar a alguien que públicamente responsabilizó a cuatro personas, entre ellos a la presidenta municipal de La Paz?, cuestionó ZETA.
“Desde luego que dudo que la alcaldesa Esthela Ponce haya sido la más interesada, sobre todo si tomamos en cuenta que es una precandidata natural a la gubernatura y estamos en la antesala de la sucesión gubernamental. Sería descabellado pensar que la orden salió de su parte porque sería tanto como terminar su carrera política por un asunto meramente laboral. Por lo que he aprendido y vivido en la investigación de crímenes, veo que alguien trató de desabarrancarla en su lucha por la sucesión gubernamental o ¿a poco creen que ella haya mandado matar al ex policía?, estando a punto de arrancar las precampañas políticas”.
—Entonces ¿es sospechosa o está descartada?
“No estoy diciendo que esté descartada, lo que comento es que tengo mis dudas de que pueda estar detrás del crimen, porque mi experiencia me dice que algún político interesado quiso hacerle el favor a la alcaldesa”.
— ¿De qué manera?
“Bueno, pues sencillamente porque había una acusación en su contra y de otras tres personas y es casi seguro que alguien aprovechó la circunstancia y mató al ex suboficial, así era muy fácil incriminarla, mancharla y acabar con su carrera política, porque “había una acusación pública” y obviamente todos los señalados están bajo la mira y el verdadero homicida obviamente queda libre de todas sospechas”.
— ¿Y quién pudo haber sido?, según su experiencia.
“Bueno, la verdad es que sería temerario, señalar a alguien sin pruebas, lo que sí te digo es que puede ser fuego amigo o enemigo, cualquier interesado en participar en la carrera gubernamental del color que sea, llámese PRI, PAN, PRD o PT. Habría que voltear a ver a los precandidatos y a toda la gente que los rodea, porque alguien hizo el favor. Lo del ex policía puede ser un crimen político, como sucedió en su momento con el caso de José Francisco Ruiz Massieu en 1994, aunque obviamente guardado su debida distancia. No debemos perder de vista que viene la sucesión gubernamental y se están jugando muchos intereses y los demonios pueden andar sueltos y no podemos determinar aún hasta en tanto no haya algún detenido”.
Sin embargo, de acuerdo al agente de investigación, la alcaldesa del PRI, “desde luego no queda descartada”, porque al haber una acusación tan seria, directa y difundida en una videograbación por la propia víctima, en su momento va a tener que ser llamada a declarar junto con el comisario y director operativo de la policía municipal y el coordinador de Enlace Gubernamental del gobierno del estado, José Manuel Santoyo García.
La tercera hipótesis apunta a que el ex agente también pudo haber sido asesinado por una venganza, sobre todo pudo haber provenido de alguien que en su momento fue víctima de una detención o abuso de autoridad.
El ex suboficial –según algunas quejas radicadas en la policía municipal de La Paz— comúnmente instalaba filtros de revisión y extorsionaba a personas sobre todo de las comunidades rurales como San Antonio, El Triunfo, El Centenario, Chametla y hasta Conquista Agraria, refirió Zeta Tijuana.
La última vez que el ex agente fue amenazado –según el expediente— fue cuando venía de la población de El Centenario hacia la ciudad de La Paz, quien en el trayecto fue interceptado por un vehículo y de carro a carro sus tripulantes le advirtieron que le “bajara de huevos”.
Dos denuncias penales presentadas en la PGJE afirman que el ex suboficial responsabilizó de esas amenazas al comisario de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz, Noé López Ramírez y el coordinador de Enlace Gubernamental del gobierno del estado, José Manuel Santoyo García, “quien fue exhibido en en página de Facebook cuando fue descubierto sosteniendo relaciones extramaritales con una empleada del gobierno. El policía –en ese tiempo en funciones— subió foto del funcionario subiéndose los pantalones, así como de su identificación oficial y de su vehículo e intentó fotografía a la acompañante, lo que generó una fuerte discusión entre ambos hasta llegar a las amenazas de muerte”, citó Semanario Zeta.
