La Paz, Baja California Sur (BCS). Esta semana, integrantes del movimiento niños enfermos con cáncer, se dirigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer una denuncia en contra de la Ministerio Público de la Federación, Iliana Patricia “N”, por abuso de autoridad y extorsión al médico anestesiólogo Gustavo “N”, acusado de traficar fentanilo.
Según la demanda, esta funcionaria les solicitó dinero a 2 médicos (el anestesiólogo de Los Cabos y su esposa) acusados por posesión de fentanilo, mismo que es utilizado con fines de tratamientos para pacientes.
El vocero del movimiento, Luis Fernando Reyes, afirmó que el objetivo es mostrar respaldo, al tiempo que indicó que la esposa del anestesiólogo, Mónica “N” quien es pediatra, también es investigada por las autoridades, tras acusarla del mismo delito.
Agregó que tienen unos 10 casos registrados similares a los del anestesiólogo y que continuarán denunciando estos hechos ante la FGR, debido a que “hay varios casos de médicos que están siendo perseguidos”.
“Esta denuncia va directo contra el Ministerio Público y directamente al ministerio público Liliana Patricia ‘N’ por el tema que ya comenté de extorsión, porque le están pidiendo cierta cantidad de recursos para que cedan las investigaciones”, aseguró en declaraciones a medios de comunicación.
“Llega otro Ministerio Público a decirle ahora ‘la estamos investigando a usted, vamos a poner sellos’. Y después ahora les piden 600,000 pesos, por debajo del agua les piden 600,000 pesos para que los dejen en paz”, detalló.
Reyes precisó que hay un vacío legal relacionado con el uso del fentanilo medicinal y que eso debe ser discutido por las autoridades para evitar que los médicos sean acusados de un delito.
“El tema del fentanilo medicado es un medicamento que es más potente que la anestesia normal, entonces hay médicos que sí tienen que recurrir al fentanilo, pero lo comento, hay un vacío legal. No hay una ley que diga que los médicos pueden usar cierto medicamento”, finalizó.
Es importante recordar que, el abogado defensor del médico anestesiólogo, Gustavo “N”, afirmó que las autoridades buscan “fabricar un delito”, debido a que el imputado se habría negado a pagar una extorsión de 600,000 pesos, por parte de la FGR para arreglar el caso.
Con información de Milenio y W Radio
