La Paz, Baja California Sur (BCS). En el Congreso del Estado de Baja California Sur, el diputado panista Venustiano Pérez Sánchez, propuso tipificar como delito en el Código Penal del Estado, el cobro ilegal por parte de despachos de cobranza, toda vez que viole el derecho de los ciudadanos a no ser molestados tal como lo señala la Constitución General de la República en su Artículo 17 que establece “ninguna persona podrá hacerse justicia por su misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho…”, comentó el legislador comundeño.
En ese sentido, el funcionario presentó una iniciativa justificando que ésta sería el resultado de una serie de quejas por parte de los sudcalifornianos, quienes se mostraron inconformes por el abuso que cometen los despachos de cobranza tanto locales como foráneos, asegurando que incluso buscan intimidar a los deudores.
«Sobre todo en la noche, o bien por medio de escritos amenazantes haciéndose pasar por autoridades facultadas para dichos cobros, lo cual no es cierto, ya que solamente se puede exigir el cobro de un crédito ante tribunal civil competente”, dijo.
La sanción, establecería una pena de prisión que iría desde uno a 4 años, así como multas que oscilarían entre los 25,000 y los 100,000 pesos; sin embargo, si la empresa utilizara documentos apócrifos para realizar el cobro, ostentándose como autoridad, la sanción aumentaría en un 50 % respectivamente.
Pérez Sánchez subrayó que esta iniciativa no tiene como finalidad el proteger a personas que no pagan sus créditos, sino que las empresas obtengan estos pagos de manera legal y legítima y justa, por los medios idóneos y no a través de la amenaza.
Venustiano Pérez manifestó que el acoso, violencia e intimidación reiterada por los despachos de cobranza generan un impacto muy negativo no solo entre quienes son víctimas de dichas acciones, sino de toda la sociedad, porque implica colocar en un estado de indefensión a los supuestos deudores sometiéndolos a una agresión y presión psicológica que no solo resulta innecesaria, sino inmoral e injusta, según lo comentó.
Finalmente, Pérez Sánchez aclaró que se entiende por Cobranza Extrajudicial Ilegal, a las acciones que se realizan utilizando violencia o intimidación, ya sea personalmente o a través de cualquier medio de comunicación, para requerir un pago de una deuda derivada de actividades mercantiles, incluyendo créditos o financiamientos que hayan sido otorgados originalmente por personas dedicadas habitual y profesionalmente a esta actividad, con independencia del tenedor de los derechos de cobro al momento de llevar a cabo la cobranza.
Con información de El Sudcaliforniano
