La Paz, Baja California Sur (BCS). Hace unas horas se hizo pública una denuncia sobre el presunto desalojo, por parte del Instituto de Vivienda (INVI), hacia una persona mayor en situación de discapacidad; misma que, tendría que salirse de la vivienda, en la cual vivía desde hacía 8 años.
Según explicó a BCS Noticias el hijo de la víctima –identificado como Ulises “N”-, su madre había ingresado a atención hospitalaria a finales de agosto y cuando le dieron el alta médica, regresó con su familia a su casa, donde encontraron un papel en la fachada de la misma que decía: “Inmueble en proceso de recuperación”.
“Mi mamá enferma el 29 de agosto y la dan de alta el 8 de septiembre, y fue trasladada a un Ejido, (…) le dieron oxígeno permanente para su recuperación (…). Cuando queremos regresar a la vivienda, notamos que está este documento”, así explicó Ulises mientras mostraba el aviso en entrevista con BCS Noticias.
Sobre los pasos para buscar una explicación a la situación desatada sobre el inmueble, refirió que se dirigió al Gobierno del Estado para fijar un encuentro con su titular, pero le dijeron que una cita de ese tipo puede demorar hasta 2 meses para ser materializada.
Tras esa infructuosa gestión, le atiende la titular del Instituto de Vivienda (INVI), y sobre el trato recibido por esa funcionaria Ulises declaró: “al principio muy amable, ya después fue cambiando su actitud, fue muy prepotente; hizo mención de que nosotros abandonamos la vivienda, lo cual no es cierto (…) nos reitera que fue abandono de vivienda y hace el desalojo de una persona con discapacidad motriz”.
El denunciante hace énfasis en que su madre estuvo ingresada en el hospital, de allí estuvo en recuperación en casa de su hija —para poder ser atendida por esta— y luego se dirigió a su hogar, todo ello en unos 20 días aproximadamente.
Igualmente, frente a las cámaras, Ulises mostró diferentes pruebas que constatan que la mujer de edad mayor discapacitada sí estaba bajo atención médica hospitalaria y cuidado familiar; entre ellos, existen fotos y documentos, incluyendo una receta médica que toma en cuenta la necesidad del cuidado sobre la paciente de algún miembro cercano.
Sobre las condiciones internas del hogar para una persona con limitaciones físicas, Ulises explicó que le dieron un cuarto con un baño “donde nosotros hicimos adecuaciones para que ella pudiera desplazarse con su silla de ruedas”.
Por su parte, fuera del domicilio ya han puesto la cinta que advierte sobre retiro y decomiso del inmueble, al tiempo que pidieron a la familia de la familia que extraiga las pertenencias y artículos personales del interior. Igualmente, INVI informó que, el caso pasó al área jurídica y que la casa está embargada, todo ello en menos de un mes de haber enfermado la persona mayor.
Ulises advirtió que buscará la audiencia ante el Gobernador del Estado para seguir gestionando su caso, en especial denunciar el trato en el INVI, institución que no investigó la situación de la persona habitante de la vivienda y decidió decomisar sin pasos preestablecidos, aunque sus funcionarios declararon haber hecho un acercamiento previo, no obstante, el denunciante afirma que lo vecinos no fueron interrogados.
Finalmente, Ulises cuestiona el actuar del gobierno de la 4T, solicitando que se aclare la decisión tomada por la actual administración, a fin de atender el tipo de apoyo que otorgan a las personas con discapacidad.
