La Paz, Baja California Sur (BCS). La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Baja California Sur, emitió la primera recomendación del año dirigida a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por faltas a la legalidad y la seguridad jurídica de una persona.
“La primera recomendación del 2022, es una recomendación de un asunto, de un vehículo que fue decomisado, y que, estando en los corralones, fue desvalijado; la persona acudió con nosotros, presentó su queja, porque intentó hacer valer la ley de responsabilidades patrimoniales del estado […] (en) la Procuraduría no le dieron el trámite que correspondía y ahí se le vulneró un derecho”, señaló el presidente del CEDH, Elías Camargo Cárdenas.
En consecuencia, la Comisión indicó que el afectado acudió al organismo para solicitar el apoyo, por lo que se precedió a la investigación del caso correspondiente, en donde se acreditó la falta cometida por la PGJE.
“Acude con nosotros hacemos la de la interrogación de queja, investigación, y se acredita, que la procuraduría fue omisa; de alguna manera violentó el derecho que tiene el señor de reclamar una reparación patrimonial al estado de Baja California Sur, por los daños que le causaron a su vehículo en esas instalaciones”, dijo el presidente de la CEDH.
De esta manera, la Comisión hizo un llamado a la PGJE, para que inicie y resuelva dentro de los términos de la Ley de la materia, el procedimiento de Responsabilidad Patrimonial promovido por la parte quejosa.
Además de que se inicie el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en contra de los servidores públicos que omitieron darle el trámite correspondiente al Procedimiento de Responsabilidad Patrimonial promovido por el ciudadano, y que se repare el daño.
De la misma manera, se recomendó dotar de equipos de videograbación para las instalaciones de la PGJE, para que se permita evidenciar las acciones llevadas a cabo durante las labores de su competencia.
Finalmente, el titular del organismo enfatizó en la trascendencia de esta recomendación, señalando que la importancia radica en dar certeza a la ciudadanía de que cuando un vehículo es confiscado, debe estar a salvo, expresó.
