La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada María Luisa González, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), pidió ante el pleno que, si una persona se encuentra dentro del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, esta no pueda ser promovida a ocupar un cargo público por elección popular o por designación.
De igual manera, demandó en la máxima tribuna del Estado que ninguna autoridad sea omisa en respetar y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
En el marco del décimo aniversario de la aprobación de la paridad en Baja California Sur, la parlamentaria advirtió que todos los servidores públicos, desde el gobernador hasta los partidos políticos, están obligados a cumplir la ley 3 de 3 recientemente aprobada a nivel nacional y estatal para que ningún agresor, ningún violentador ni deudor alimentario moroso, con sentencia firma, llegue al poder.
“La vigencia de las reformas 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres es una realidad y como tales, estamos obligadas todas y todos a garantizarlas, desde el Gobernador de la Entidad hasta los partidos políticos”, expresó.
En este sentido, la legisladora afirmó que, si una persona no es capaz de dignificar y respetar a las mujeres, mucho menos será capaz de responder ante las obligaciones que, como servidor público, se le otorguen.
“No es posible enarbolar una bandera feminista en épocas de campaña o publicitar una Cruzada contra la No Violencia, mientras se otorgan plazas a violentadores: ¡Las mujeres de Baja California Sur merecemos respeto y dignidad!”, vociferó.
Para finalizar, González también reconoció a las mujeres que hicieron posible visibilizar este derecho en la legislación, así como a todas aquellas que sumaron esfuerzos, para que la igualdad sustantiva y la democracia paritaria sean hoy una realidad.
