Minera marina realizó 360 perforaciones en costas de Baja California Sur

La Paz, Baja California Sur (BCS). La gigantesca proa de la embarcación turbaba las pequeñas olas del Golfo de Ulloa. Como si se tratara de un cuchillo caliente que rebana, lento, una barra de mantequilla, el buque se abría paso entre las aguas: los pescadores de Las Barrancas y San Juanico nunca habían visto algo semejante. Ni de broma se igualaba, ni un poco, a uno de los barcos de la flotilla que cada año llegan a las costas comundeñas provenientes de Sinaloa o Sonora para llevarse el camarón, sardina o cualquier especie que se atasque en las largas redes de arrastre. No, este navío buscaba algo más en el fondo marino: fosfato.

Desde enero de 2013 llegaron reportes de su presencia. Tomás Camacho, asesor técnico de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Puerto Chale, recarga su espalda en la opaca silla mientras recuerda aquella ocasión que vio la colosal bestia de metal flotando. Un día de aquel mes, desatracó para comenzar con los preparativos de la temporada de langosta y lo vio. Imponente. Hacía recordar a los grandes cargueros trasatlánticos que llevan pesados contendores de un continente a otro. Lucía casi estático. Más tarde, a unos meses del suceso, personas que se decían integrantes de la empresa Oceánica Exploraciones, S. de. R.L. se contactaron con el organismo de pescadores.

Antes que continuar con la plática con el ingeniero en pesquerías, él tomó su tiempo para acomodar un tumulto de folder amarillos en su extremo izquierdo de su pequeño escritorio. Se disculpó y me saludó amablemente. Pasado un periodo de cinco minutos, entrelazó sus manos sobre la camisa hawaiana azul celeste y, después, dio constancia de la preocupación que le generaba la presencia del colombiano, Daniel de Narváez, representante de Oceánica Exploraciones, S. de. R.L y esa extraña idea de realizar minería marina. Quieren explotar los predios marinos Don Diego, Don Diego Norte y Don Diego Sur que, por cierto, costaron 740 mil pesos los derechos ante la Secretaría de Economía.

Con el monitor volteado hacia a mí, me enseñó gráficas del movimiento de langosta en las inmediaciones del Golfo de Ulloa que se localiza al norte de Bahía Magdalena. Trataba de ilustrar la escasa información acerca del comportamiento de la langosta azul. Temía que las larvas viajaran en las corrientes de agua y la actividad pesquera fuera afectada por la draga que succiona el suelo marino para extraer fosfato. En cambio, cuando habló del comportamiento de la langosta roja la situación fue distinta. Recordó la investigación de Rogelio González, experto del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor), para demostrar que la especie se ubica más al norte del área entregada a la subsidiaria de Odyssey Marine Exploration, originaria de Tampa, Florida.

¿Ilegalidad de Odyssey Marine Exploration?

En el segundo piso del edificio de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Puerto Chale, en La Paz, recargado en una reja color negra, Arturo González Ramírez, asesor externo empresarial de sectores primarios pesca y minería, reiteró su acusación: Odyssey Marine Exploration, a través de Oceánica Exploraciones, S. de. R.L, con registro del nombre el 13 de marzo de 2012 en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Distrito Federal, según la Constancia de Folio Mercantil Electrónica 469886-1, inició un proceso de exploración sin autorización de la Dirección General del Equilibrio Ecológico (DGIRA) de la Semarnat.

Gracias a un artículo del Wall Street Journal que retomó de la página de oficial de NASDAQ, (acrónimo de National Association Securities Dealer Automed Quotation), Arturo se enteró que la compañía presentó un reporte técnico preliminar en el yacimiento de fosforita de Oceánica Exploraciones que hasta el 7 de julio de 2014, calculó la posibilidad de extraer 327.2 millones de toneladas del mineral con 18.5 por ciento de Pentóxido de Fósforo (P2O5): “un aumento del 20% sobre el total de la última evaluación preliminar de 273,5 millones de toneladas de mineral”.

El presidente en ese momento de la asociación pesquera, Amado Navarro Higuera, contactó por su experiencia a González Ramírez tras desatarse el rumor de minería marina y nació el Manifiesto del Golfo de Ulloa. Tras su publicación, comentó, a través de la Delegación de la Secretaría de Economía los inversionistas se comunicaron para desarrollar una serie de reuniones a finales de 2013 y en marzo de 2014. Frente a ellos, los representantes de la compañía negaron haber iniciado exploraciones en las costas.

De inmediato, González Ramírez – quien en ese momento fue contratado por Oceánica Exploraciones para iniciar el diálogo entre cooperativa y pescadores de San Juanico y Las Barrancas –, se comunicó con Daniel de Narváez. El motivo fue una publicación que hablaba de datos procedentes de muestras extraídas en 199 pozos de perforación del yacimiento marino, las cuales, habían comparado con otras obtenidas en 161 perforaciones previas. Al final, más de 760 muestras han sido probadas en el Instituto de Investigación Industrial de Fosfato en Florida.

Para corroborar que Exploraciones Oceánicas mentía, Arturo entregó correos electrónicos a BCS Noticias. El primero corresponde reproche que hace González Ramírez del estudio que demostraría que se taladró el lecho marino.

“En múltiples pláticas con pescadores se ha manifestado que proyecto EXO (Exploraciones Oceánicas) no ha hecho perforaciones para obtener núcleos, sólo se ha comentado que han realizado mediciones de temperaturas y corrientes utilizando equipo de superficie, aunque la nota es muy clara y establece que no se han hecho en los lugares donde existen las concesiones, para los detractores el proyecto minero no hay diferencia. Y me refiero que en el futuro habría que hacer coincidencias entre lo que revela”, escribió a las 19:58, el 07 de julio de 2014, González Ramírez en su cuenta [email protected].

Minutos después, su bandeja recibió una respuesta de la dirección [email protected], misma que molestó al asesor:

“Nunca se ha negado que se han hecho perforaciones, por lo menos, delante de mí. Los muestreos de los organismos, la química del fosfato, el contorno y definición del yacimiento sólo se pueden hacer con muestras tomadas del fondo marino. ¿Cómo más se iba a hacer? ¿Tomándole fotos? Nadie que tenga el más mínimo conocimiento de cómo conducir una exploración submarina puede creer que se pueda hacer una MIA (Manifestación de Impacto Ambiental) sin tomar muestras y perforaciones con sacatestigos.  Las Perforaciones fueron hechas con todos los permisos del caso Arturo”.

Sin embargo, la delegación en Baja California Sur de la Semarnat rechazó la existencia de algún trámite. José Carlos Cota Osuna, representante de la dependencia, aclaró que efectivamente no se había iniciado algún trámite por parte de Exploraciones Oceánicas, S. de R.L. de C.V. “Hubo meses atrás que la Cooperativa Puerto Chale que cuestionó si había una evaluación de algún proyecto; no hay ningún registro”, explicó Cota Osuna.

Por lo tanto, Exploraciones Oceánicas pudo violar lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), en su fracción III. Enuncia que requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la “exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la Federación en los términos de las Leyes Minera y Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear”.

En el artículo 30 de la LEGEEPA también establece que “para obtener la autorización a que se refiere el artículo 28 de esta Ley, los interesados deberán presentar a la Secretaría una manifestación de impacto ambiental, la cual deberá contener, por lo menos, una descripción de los posibles efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o actividad de que se trate”.

“A mi nivel cultural, ellos especulan con situaciones ficticias, va ser un gran negocio pero es en papel, no tienen dinero para explotación. Andaban en búsqueda de socios”, puntualizó Arturo González Ramírez.

Minería marina de fosfato: un asunto de geopolítica

El dragado de partículas fosfáticas de costas del océano pacífico, a la altura de la costa del municipio de Comondú, equivaldría al trabajo que se efectúa en Inglaterra para extraer materiales pétreos, es decir, arena del fondo marino para construcción, dijo Daniel de Narváez, director de Exploraciones Oceánicas, en entrevista exclusiva con BCS Noticias. La barcaza succiona la base marina por un largo tubo flexible. El 55 por ciento de lo que aspiran es fosfato. El sobrante pasa a unas cribas vibratorias conectadas a un sistema de hidrociclones. El resto es depositado de nuevo en lecho oceánico, explicó, sin aplicar químicos.

En el encuentro, Daniel de Narváez estaba acompañado de su consultor ambiental, Richard Newell, coautor de la investigación Los impactos directos e indirectos de los agregados de dragado y el experto en antropología submarina, Claudio Lozano de Librero. “El fosfato es indispensable para la vida, no tiene ningún reemplazo”, arguyó a su favor el representante de Oceánica Exploraciones como si quisiera convencer a los presentes. El planeta tierra depende de Marruecos que produce el 85 por ciento gracia las reservas más grandes del mundo del recurso natural no renovable. Es el Sahara Occidental donde está la monumental cantera que una colonia española y grupos marroquís se disputan.

Para la agricultura o producción de alimentos, resaltó, es para lo que se utiliza y México podría ser autosuficiente con la explotación de la veta. “En 2002, México importó cerca del 20 por ciento de sus alimentos. En 2018 estará importando del 70 al 80% porque no tiene cómo producir con que crear sus fertilizantes”, reveló mientras el silencio de los dos investigadores es imperceptible debido al estruendo de platos, conversaciones y música del restaurante.

“Este yacimiento tiene repercusiones geopolíticas muy grandes, porque independiente de los excedentes, se harían tratos con vecinos, y se autoabastecería de fosfato del 93 por ciento que se importa desde Marruecos; la reserva de Estado Unidos está mermando. En el panorama global de fosfato –continuó el empresario – específicamente la minería marina de fosfato produce conceptos y especulaciones equivocadas, como ocasionar mortandad o acabar con el medio ambiente. No es verdad”, agregó.

Por la importancia del yacimiento, Odyssey Marine Exploration, cofundada en 1994 por Greg Stemm, desvió sus esfuerzos dirigidos al aprovechamiento de restos de antiguos naufragios con cargamentos de metales preciosos en distintos puntos del océano. Se olvidó de vender sus tesoros o comercializar reportajes televisivos sobre operaciones de recuperación de dichos restos para asociarse con DragaMex que desde 1994 ha realizado 220 proyectos de dragado en puertos y ríos mexicanos, afirmó Narváes. DragaMex es la propietaria de la inmensa barca con el equipo necesario para sustraer el fondo marino y, con el cual, realizaron análisis sin autorización.

“Hicimos una colección de datos: muestras del fondo marino, medición de corrientes, temperaturas. Hemos hecho varias tomas de muestra en campo con permisos que tenemos de la Semarnat para hacer una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) e identificar la zona; no podemos hacer predicciones del proyecto sin antes no ir al sitio. (…) Entonces se ha hecho campaña de recolección de datos biológicos, químicos; eso que se hecho”, confesó el empresario colombiano.

Inclusive recordó que una expedición zarpó en julio de 2013 con científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a realizar las investigaciones. No se ha perforado, dijo, la totalidad del reservorio natural de fosfatos. Los resultados se utilizan para motivar a posibles socios mexicanos del sector agroindustrial y, buscan ante todo, la participación de las dependencias mexicana para “abastecer a México; el resto sería para exportación”.

La generación de trabajo para los habitantes de la comunidad es inexistente. Cerca de las 160 personas se necesitan para operar la embarcación, un gran porcentaje es mano de obra calificada en hidráulica, sistemas computacionales o electromecánicos. Los holandeses son quienes dominan el tema de dragado, pero la vinculación con DragaMex, pues tiene su personal, por ello, “no puedo hablar a nombre DragaMex a quienes vamos a subcontratar”, expuso.

No es la primera concesión de minería marina

PhosMex Corporation, el 24 de enero de 2007, anunció que el gobierno mexicano otorgó la primera concesión minera en el Océano Pacífico por 50 años. La concesión contiene 250 millones de toneladas de mineral de fosfato (P2O5), que hace unos años en el mercado equivaldrían a más de 12 mil millones de dólares.

“El depósito de roca de fosfato se produce en una amplia zona de aguas de unos 120 metros de profundidad en la plataforma continental de las zonas costeras del estado mexicano de Baja California del Sur. Las formaciones portadoras de fosfato afloran tanto en tierra como en alta mar tanto en la costa este y oeste y en el interior de la península”, informó la empresa en un comunicado de prensa.

Por otro lado, Exploraciones Oceánica declaró que la zona de extracción se limita a una zona de 4 kilómetros de ancho y 60 kilómetros de largo con una profundidad del yacimiento de 50 y 80 metros. Se divide en cinco rectángulos para explotar durante 50 años. “Cada uno tiene fosfato en la superficie. Es parecido al chapopote, viscoso, desagradable, negro; donde hay poca vida, poca flora y fauna”, manifestó Daniel de Narváez.

En un artículo publicado en el sitio especializado en temas financieros, Seekingalpha.com, cuestionan la viabilidad del desarrollo de la actividad de Odessey Marine Exploration mediante su empresa filial Exploraciones Oceánicas. La razón yace en su falta de experiencia en el sector, la inviabilidad en los costos de extracción y, sostiene, que la única misión de Greg Stemm, director general, es recaudar más capital de inversionistas para financiar sus pérdidas sin escalas. En 2013, recibió una compensación por 1, 311 mil millones de dólares por pérdidas fiscales del gobierno estadounidense.

Autoridades ambientales desconocen el tema

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) declaró el 09 de julio de 2014 que no encontró rastros o evidencias de que, en las costas frente al municipio de Comondú, Exploraciones Oceánicas, S. de R.L. de C.V ejecutara actividades de minería marina.

Precisamente, el Consejo Consultivo Núcleo de Baja California Sur de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) interpuso una denuncia ante la Profepa debido a señalamientos de pescadores de puerto Chale que aseguraban que tuvieron un acercamiento con la empresa en cuestión.

Valerio Castro Santana, en ese momento delegado de la Profepa, declaró que inspectores iniciaron  las investigaciones correspondientes “y no nos hemos percatado de esos hechos en la dependencia”. Después comprobó que en la Semarnat no existen autorizaciones de exploración o explotación.

Por su parte, Castro Santana manifestó: “Todo mundo habla, pero nadie es concreto y conciso  sobre dónde se está llevando a cabo, ¿dónde está la concesión minera?”.

Entre tanto, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) admitió que acabó el estudio de mortandad de tortuga golfina en el Golfo de Ulloa y, aunque no se dieron a conocer las conclusiones, la minería marina no forma parte de las conclusiones de las causas que enlistaron los investigadores.

Por lo pronto, las autoridades ambientales se comprometieron a continuar con sus incursiones en el mar para vigilar que no se rompa con el equilibrio ecológico de Baja California Sur.

Cooperativa Puerto Chale en contra del proyecto

Amado Navarro Higuera, antiguo presidente de la cooperativa Puerto Chale, rechazó las actividades que propone Exploraciones Oceánicas, S. de R.L. de C.V. “Ellos se acercaron con reuniones con socios de la cooperativa, nunca sólo nosotros, tuvimos una en ciudad Constitución y otro acercamiento aquí en La Paz”, desatacó mientras sostenía un fajo de recortes de periódicos con información publicada en la entidad sobre el tema.

“De las autoridades nadie sabía esto. A lo mejor a nivel federal si estaban enterados, pero por el estado o el municipio de Comondú no. Exigimos que instancias de investigación como la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) y el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (Cicimar), vengan para demostrar si hace o no daño”, subrayó el cooperativista.

El gobierno federal, el 11 de noviembre de 2013, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) efectuó el taller de Divulgación de las Oportunidades para México en la Minería de los Fondos Marinos Internacionales y en la Exploración del Océano Profundo.

En el evento participaron el canciller José Antonio Meade Kuribreña; el secretario general de los Fondos Marinos, Nii A. Odunton; el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal; el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles; el director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Enrique Cabrero; así como el vicepresidente de Asuntos Internacionales del Grupo México, Juan Rebolledo Gout.

En el Manifiesto del Golfo de Ulloa, la Cooperativa de Producción Pesquera de Puerto Chale emitió su postura ante la llegada de la minería marina en el corredor pesquero San Carlos-Las Barrancas –San Juanico, coincidentemente en la que también se registró una alta mortandad de tortuga amarilla y otras especies. La autoridad ambiental como Exploraciones Oceánicas, S. de R.L. de C.V. negaron la acusación.

“Para explotar racionalmente los recursos minerales del fondo del mar, se necesita un marco jurídico adecuado, tecnología sustentable, participación privada y liderazgo de las autoridades, institutos de investigación para generar conocimientos técnicos y marcos jurídicos novedosos. Así como la licencia Social de las Comunidades Pesqueras”, revela el texto firmado por Amado Navarro, dirigentes de la agrupación pesquera.

La denuncia contra la cooperativa

En 2015, llegó Florencio Aguilar a la presidencia de la Cooperativa Pesquera Puerto Chale, pero siguió vigente la denuncia, y el organismo fue demando junto al periodista Carlos Ibarra que siguió el tema por dos años, aproximadamente.

Las amenazas de una denuncia por Exploraciones Oceánicas fueron consignadas en tres inserciones con diferentes fechas en 2015, al parecer pagadas, y publicadas por el diario de la Organización Editorial Mexicana (OEM), El Sudcaliforniano.

De acuerdo al expediente AP/BCS/SPPA-AMPFDC/176/2014 de la Procuraduría General de la República (PGR), Florencio Aguilar Liera, presidente de la Sociedad Cooperativa Puerto Chale, además de los integrantes de la asociación Gregorio Higuera Mayoral y José Humberto Espinosa Aguilar; Arturo González Ramírez, ex asesor del organismo pesquero y enlace con el proyecto minero marino Don Diego; Ryan Morris, director de Meson Capital y el reportero de este medio, son acusados de atentar en contra del consumo y riquezas naturales.

Todo parece indicar que la empresa basó su juicio en el artículo 253 del Código Penal Federal,Título Décimocuarto Delitos Contra la Economía Pública, en el que se define: “son actos u omisiones que afectan gravemente al consumo nacional y se sancionará con prisión de tres a diez años y con doscientos a mil días multa”.

Y en el Inciso B, el cual, especifica que “todo acto o procedimiento que evite o dificulte, o se proponga evitar o dificultar la libre concurrencia en la producción o en el comercio”.

Por ahora, la averiguación previa se encuentra en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de BCS, luego que la Delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) desechara la investigación.

La argumentación de la empresa

Utilizando calificativos como “pseudoambientalistas” y “extorsionadores”, el 14 de noviembre de 2014, el representante legal de Exploraciones Oceánicas, Luis Manuel Guadarrama anunciaba en una nota, sin autor en El Sudcaliforniano, una maquinación en contra de ellos.

“Estos ataques son producto de un plan bien orquestado por diversos personajes, tendientes a extorsionar a la empresa, esto es, piden dinero a cambio de no entorpecer el desarrollo del proyecto”, expresaba el litigante.

Se refiere a una serie de notas y reportajes que en BCS Noticias publicó en las que se presentaban posturas de instituciones académicas, científicas, gubernamentales; asimismo, declaraciones del ex consejero de la compañía (Arturo González) e información dada a conocer en internet por medios de comunicación u otras firmas que señalaban irregularidades financieras de Odissey Marine Exploration (dueña de la minera marina). Se manifestaban en contra y a favor. Incluso, la empresa fue entrevistada para conocer el proyecto.

Sin embargo, Exploraciones Oceánicas consideró la información expuesta por BCS Noticias como “ataques mediáticos que un blog local ha estado promoviendo” para detener su proceso ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat.

Desde el principio, Luis Manuel Guadarrama argumentó que Ryan Morris de Meson Capital (grupo de inversionistas) estaba detrás de una  estrategia de desprestigio hacia el proyecto, junto a Arturo González, mediante “una campaña dirigida a los medios que nace en un blog operado por Carlos Ibarra”, lo cual es una acusación falsa.

Es más, el tema de minería marina surgió el 17 de diciembre de 2013, cuando el diario impreso El Independiente informó sobre la intención de Exploraciones Oceánicas, S de R.l. de C.V. de extraer fosfato del Golfo de Ulloa.

Contralínea.com.mx retomó información de Carlos Ibarra cuando trabajaba con dicho medio de comunicación (El Independiente), en mayo de 2014; en ese entonces, sin conocer a Arturo González.

Roberto Galindo, maestro en ciencias en exploración y geofísica marina (quien se ha interesado en el tema), dedicó el 25 de enero de 2015 un artículo de opinión en la revista de investigación titulado: Ataques a la prensa alternativa en Baja California Sur:

“En una “entrevista” que suena muy a modo para hacer parecer a la corporación minera como un mártir que sufre de los despiadados ataques de “seudoambientalistas corruptos y codiciosos” se deja entrever las intenciones de linchamiento contra un medio de comunicación alternativo y comprometido del que Carlos Ibarra forma parte y en particular contra el trabajo periodístico del reportero, persona a la que entre otras, se menciona es objeto de denuncias por sus “criminales” trabajos periodísticos. ¿Será acaso intimidación contra el trabajo honesto de un reportero? Después de leer la seudoentrevista puedo concluir que el mayor enemigo de la empresa minera en cuestión es el trabajo periodístico veraz y comprometido”.

¿SLAPP a BCS Noticias?

Según expertos consultados por BCS Noticias,  hablaron sobre SLAPP como una posibilidad de atentar con el derecho informar y estar informado. SLAPP, por sus siglas en inglés, es una demanda estratégica contra la participación pública o strategic lawsuit against public participation.

Reporters Commitee for Freedom of the Press señala que es una queja que intenta censurar, intimidar y silenciar a críticos para cargar con el costo de una defensa legal, hasta que terminen con la oposición al proyecto.

La estrategia es utilizada, a menudo, en cuestiones de desarrollo de tierras y cuestiones ambientales.

“Cuando un demandante trae un pleito SLAPP contra alguien que intenta ejercer su derecho a la libertad de expresión, por lo general, lo hace bajo la apariencia de una demanda por difamación. Sin embargo, los abogados Peter Kurdock y Mark Goldowitz señalan en su artículo La necesidad de una legislación federal anti-SLAPP, publicado en www.sitejabber.com, la denuncia podría venir como una acusación de conspiración o violación de marca registrada”.

Cabe recordar que, precisamente, Exploraciones Oceánicas alude a un complot que ocasionó un atentado contra el consumo y riquezas naturales de México, demanda que jamás se había presentado en Baja California Sur.

Desconcertado, es como se califica Florencio Aguilar Liera, presidente de la Sociedad Cooperativa Puerto Chale ante la denuncia. Uno de los señalamientos que hace Exploraciones Oceánicas es haber participado con una postura negativa en la reunión de información que la Semarnat organizó por petición de la sociedad sudcaliforniana.

Hasta ahora, los demandantes no han presentado pruebas concisas, a pesar de que El Sudcaliforniano publicó en la nota Avanza proyecto para extraer fosfatos de la bahía de Ulloa, afirmando lo contrario:

“El fiscal está reuniendo los elementos legales para demostrar al juez que se cometieron varios delitos y deberá señalar a los probables responsables para solicitar el libramiento de la o las órdenes de aprehensión, si así lo estima procedente”.

Piden la exorbitante cantidad de 20 millones de dólares, expresó el abogado del organismo pesquero, para resarcir los supuestos daños provocados al iniciar la supuesta estrategia mediática contra Exploraciones Oceánicas.

“Por defender nuestro derecho debemos atender esta demanda, primera en su tipo”, explica el dirigente pesquero, porque les preocupa que su concesión pesquera se vea afectada.

Sociedad Cooperativa Puerto Chale sospecha que la denuncia pudo ocurrir para dar certidumbre a los socios de la minera que quizá estén reclamando la inversión “de un proyecto que no se dio o no se dará”.

Juan José Guerra Abud, titular de la Semarnat, reconoció que el proyecto “ha generado mucha controversia”.

Postura del gubernamental y científico

La actitud de la Secretaría de Pesca de Baja California Sur ha sido tajante: no a la minería marina en aguas frente a la costa de Comondú.

A diferencia de la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca), que dijo no tener información sobre el proyecto minero, así como el visto bueno del Instituto Nacional de Pesca (Inapesca), José Fernando García Romero, titular de la dependencia estatal, en cambio, señaló que en una revisión del proyecto observan detalles que podrían influir negativamente en la captura de pesquerías.

“La verdad, nuestra postura es no a la minería marina, lo sabemos de antemano, porque hemos visto y leído que sí nos viene a dar una afectación muy fuerte en las pesquerías”, precisó.

Datos proporcionados por investigadores y organizaciones de la sociedad civil, hablan de que Bahía Magdalena y Bahía Almejas, en las inmediaciones del Gofo de Ulloa, en las costas del municipio de Comondú, se producen el 57% de la pesca industrial de sardina y pesca ribereña de Baja California Sur.

“Por el esquema de descargas, van a generar un caldo de bacterias y minerales, que en muchos casos, los organismos filtradores (almejas o abulones) van a ser afectados”, indicó.

El Golfo de Ulloa, área dónde se ubicaría el proyecto minero, también es una zona considerada Región Marina Prioritaria para la Conservación según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). En total, pretende dragar 91 mil hectáreas de fondo marino para extraer 350 millones de toneladas de arena fosfática.

“No estamos de acuerdo, pero obviamente lo determinará la autoridad competente”, comentó a BCS Noticias.

El 21 de noviembre de 2014, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) solicitó a Exploraciones Oceánicas información adicional sobre Don Diego, como parte del proceso de análisis de la dependencia ambiental, y con esto se extendió el tiempo para emitir un resolutivo.

Por su parte, el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) determinó en su opinión técnica sobre el proyecto de minería marina Don Diego, que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) tiene errores y omisiones.

En un documento de cinco cuartillas, los expertos del importante instituto plasman las inconsistencias  que encontraron. Recomendó a la empresa Exploraciones Oceánicas colectar “mayor información documental y de campo que le permitan una visión más clara y detallada de los procesos oceanográficos particulares del Golfo de Ulloa”.

Cibnor  analizó capítulo por capítulo la manifestación de impacto ambiental de Don Diego. Entre los señalamientos que hicieron, resaltó que las zonas de pesca que Exploraciones Oceánicas presentó están mal ubicadas, por lo que el proyecto minero debería hacer un estudio más detallado de la influencia sobre  la pesca industrial y ribereña.

“Se considera que la información – señaló el centro de investigación – es insuficiente ya que la finalidad de que la identificación de impactos, tanto negativos como positivos sean cuantificados de manera robusta, la información de línea de base debe proporcionarse con la exactitud que define un proyecto productivo bien definido”.

Lo anterior, lo plasma el organismo científico al referirse al capítulo II.4 del documento, en el que “muestran muchas imprecisiones y datos confusos”. Por ejemplo, cuestiona la cantidad de materiales que se removerán anualmente y el tiempo que durarán trabajando que fue calculado en 24 horas, siete días a la semana 52 semanas al año.

“Tampoco muestra datos objetivos sobre el efecto que la liberación  o exposición de fosfatos, el incremento de turbidez de los sólidos suspendidos y la destrucción del medio bentónico van todos ellos a tener, y de manera sinérgica, sobre la trama trófica, el funcionamiento del sistema y muy especialmente sobre las pesquería de la región”, expresa Cibnor.

Y enfatiza que el promovente ubica erróneamente el proyecto fuera del área de pesca, “considera a priori que no habrá efectos” biológicos, pero no habla sobre los efectos socioeconómicos por la potencial afectación de las pesquerías.

Por su parte, la organización de la sociedad civil (OSC), Medio Ambiente y Sociedad (MAS), ha reiterado que “la minería marina de fosfatos nunca antes se ha hecho en ninguna parte del mundo. En Nueva Zelanda y Namibia hubo proyectos similares y los han detenido debido a los impactos que causarían a la pesca y al medio ambiente”.

Minera Marina en área de protección de Tortuga

Las coordenadas del proyecto de minería marina Don Diego, conforme a datos contenidos en la Manifestación de Impacto Ambiental que la empresa entregó a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, se localizan dentro del Área de Refugio para la Protección Tortuga Amarilla (Caretta caretta) en el Golfo de Ulloa, propuesta por la misma autoridad ambiental.

A mediados de enero, la dependencia conducida por Juan José Guerra Abud presentó el estudio previo justificativo para la protección de 1,989 hectáreas, desde Punta San Lázaro, en Comodú, a Punta Abreojos, en Mulegé, y que es considerada un área de importancia pesquera para México.

De hecho, también, la poligonal de la concesión que la Secretaría de Economía (SE) vendió a Exploraciones Oceánicas, cae dentro de una parte de la concesión que la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca) otorgó a la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Puerto Chale SCL de la que extraen langosta, abulón y camarón, entre otras especies.

En el pasado, ante los señalamientos de la mortandad de caguama y otras especies marinas que hicieron las asociaciones ambientalistas, como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), al gobierno mexicano, la sombra de un posible embargo por parte de Estados Unidos se coló de nuevo.

Por ello, se formuló la estrategia y se presentó en un documento que fue hecho llegar a cooperativas pesqueras, organismos gubernamentales y sociedad civil, en la que Semarnat reconoce que la interacción de la tortuga amarilla o caguama y las actividades pesqueras en la incidencia de muerte de ejemplares por el uso de algunas artes de pesca (redes).

Admite que “la alta productividad por condiciones oceanográficas inducen una alta productividad y biodiversidad, en la que existen áreas con alta concentración de langostilla, principal alimento de las tortugas caguama”.

La misma dependencia federal es la encargada de evaluar la minera marina en el Golfo de Ulloa para autorizar o no, o condicionar su desarrollo. La filial de Oddisey Marine Exploration, en el documento que entregó a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, asegura que el dragado del fondo marino para extraer fosfato, no dañaría de gran manera el entorno natural.

Actualmente, la minera marina Don Diego anunció que Altos Hornos de México compró el 46% de las acciones de Don Diego, ofreciendo un soporte de 14.75 millones de dólares. Además, decidió retirar su manifestación de impacto ambiental, con la que busca extraer fosfato del fondo marino frente a costas de Comondú, porque intentará un acercamiento con el recién electo gobernador de Baja California Sur: Carlos Mendoza Davis.

Los pescadores respiraron con el desistimiento del proceso de evaluación de la minera, pero no están tranquilos. Ellos saben que regresarán. Mientras tantos, ellos están ocupados en adaptar nuevas estrategias para alcanzar la sustentabilidad de su actividad, sin embargo, cuestionan la presencia de Exploraciones Oceánicas y, al parecer, la lucha continuará.