Se establece en BCS la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito

Tendrá como objetivo garantizar la atención jurídica y psicológica de las víctimas, así como evaluar y supervisar a las instituciones operadoras del Sistema Estatal de Atención a Víctimas

La Paz, Baja California Sur (BCS). Durante la tarde de este jueves 18 de mayo, se dio a conocer que logró consolidad la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito, la cual tiene como objetivo fortalecer los mecanismos de apoyo jurídico y psicológico a las víctimas de algún delito en Baja California Sur.

Dicho organismo trabajará en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) así como las diversas instituciones de seguridad y justicia de los 3 órdenes de gobierno, con la finalidad de implementar las políticas que garanticen una atención con calidad hacia la ciudadanía.

“A través de esta comisión se estarán realizando acciones, planes y programas que protejan el ejercicio de sus derechos y garantías”, aseguró el Consejero Jurídico.

Por su parte, se dio a conocer que el pleno se encuentra conformado por la directora de atención a Víctimas del Delito de la Procuraduría General del Estado, Denisse Guadalupe Acosta Romero, asimismo se encuentra la coordinadora de Asesores Jurídicos de la Victima de la Consejería Jurídica, María Elena Ramírez Hernández y la presidenta del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal en Baja California Sur, Silvia Lupián Durán.

Vale la pena mencionar que, durante la primera sesión del organismo, estuvo presente el Procurador General de Justicia, Erasmo Palemón Alamilla Vilelda, además del Secretario Ejecutivo de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal, Jehú Vázquez Savín, y por último, el Subsecretario de la Consejería Jurídica, Rodrigo Serrano Castro.

Finalmente, se indicó que el organismo también se encargará de vigilar, supervisar y evaluar la atención de las instituciones operadoras del Sistema Estatal de Atención a Víctimas, para que las personas afectadas tengan acceso a los mecanismos y procedimientos que establece la ley.