La Paz, Baja California Sur (BCS). La doctora Judith Santos Morales, expresidenta del Colegio de Médicos del Estado aseguró que la ley contra la violencia obstétrica no ha sido implementada en Baja California Sur a pesar de tener altos índices de violencia hacia las mujeres.
«En Baja California sur aún no implementan esta ley, sólo en Guanajuato, Durango, Hidalgo, Veracruz, Quintana Roo y Chiapas, y desconozco si aquí lo harán», comentó.
La violencia obstétrica es el maltrato que sufre la mujer embarazada al ser juzgada, atemorizada, vejada, lastimada física y emocionalmente, también se incluye el no ser respetada en sus decisiones. Es recurrente en los hospitales, pero también se da en todas la esferas de la sociedad.
Según datos del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) en México, cuando las mujeres embarazadas llegan a los hospitales el 45% han denunciado ser maltratadas verbal o físicamente por médicos y enfermeros.
Santos Morales explicó que dentro de este tipo de violencia, se puede incluir atención inoportuna e ineficaz de la urgencias médicas a embarazadas, trato deshumanizado, medicalizar sin causa justificada el proceso del embarazo, parto o pueperio, obstaculizar el apego precoz del recién nacido con su madre sin justificación terapéutica, que se impida que el bebé este con su madre sin justificarse, al igual que impedir el libre ejercicio de sus derechos reproductivos.
A esa violencia se exponen más de 6 mil 800 mexicanas al día, pues México registra alrededor de 2 millones 500 mil nacimientos anuales, según datos de GIRE.
La Comisión Estatal de Arbitraje Médico (Coesamed) ha recibido 17 denuncias formales en 2015 por malos tratos y negligencia médica contra mujeres en la atención del parto y 15 por violencia obstétrica, reveló el estudio “Violencia obstétrica. Un enfoque de derechos humanos 2015” del Grupo de Información en Reproducción Asistida.
Hasta febrero de 2015, los estados de Chiapas y Veracruz han tipificado la violencia obstétrica en sus códigos penales. Zacatecas y Jalisco cuentan con iniciativas en trámite que van en el sentido de la criminalización.
