La Paz, Baja California Sur (BCS). La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado, a través de la diputada Margarita Amalia Salcido Cota, solicitó que se “suspenda, cancele o revoque” la convocatoria expedida por el Ayuntamiento de La Paz que busca iniciar la licitación de empresas que podrían obtener el negocio de administrar el alumbrado público de La Paz, asegurando que existen detrás de este negocio “violaciones de índole político, económico, social y legal”.
Salcido Cota sostuvo que de concretarse, este sería “uno de los negocios más lucrativos en el Año de Hidalgo de una administración municipal” en BCS, pues se espera privatizar el servicio por al menos 15 años, a razón de cerca de 4.5 millones de pesos anuales.
La convocatoria de licitación fue expedida “de manera apresurada, sin justificación técnica ni legal y sin consultar a la ciudadanía del municipio”, dijo la diputada panista, recordando que la ley obliga a los Ayuntamientos a promover la participación ciudadana en actos de esta trascendencia, pues comprende una afectación sobre “el interés de la comunidad” y afectará las finanzas públicas y las de los ciudadanos.
En este sentido, recordó que la propuesta de privatización no explica qué ocurrirá con los trabajadores que hoy se dedican a los menesteres de manutención del alumbrado público desde la Dirección Municipal de Servicios Públicos, asegurando que “lo del ahorro presupuestario” objetado por el Ayuntamiento de La Paz “es una falacia, un argumento mentiroso para hacerse de un jugoso negocio”. Además, indicó, el proceso legislativo para realizar la licitación, solicitada en octubre de 2014 por Esthela Ponce Beltrán, “no ha culminado”.
“Tampoco se advierte ni se comprueba que el Ayuntamiento haya intentado dar cumplimiento a lo que la ley establece en el sentido de que cuando un Ayuntamiento no puede prestar un servicio público tan importante como este, lo puede prestar a su vez el Gobierno del Estado u otro Ayuntamiento mediante un convenio”, sostuvo la legisladora del PAN, mostrando que por tratarse de un asunto de seguridad pública debió explorarse antes esa posibilidad.
Además, dijo, crece el “sospechosismo” al ser avalada la convocatoria de licitación por el suplente de Ponce Beltrán, Francisco Monroy Sánchez, “quien ha sido señalado públicamente porque, violentando disposiciones legales, ha sido sorprendido prestando servicios de mantenimiento vehicular en su negocio al propio municipio de La Paz que preside, lo que está prohibido y sancionado por la Ley Penal”.
Así, la fracción panista, además de al propio Congreso del Estado, solicitó al síndico municipal, a los regidores de La Paz y al contralor del Ayuntamiento paceño a llevar a cabo una “rigurosa investigación de este acto, que pretende asegurar el bienestar económico de unos cuantos y sus generaciones y no asegurar la tranquilidad y bienestar de los ciudadanos del municipio de La Paz”.
