La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso de Baja California Sur compartió este 23 de agosto que no cuentan con las facultades para autorizar fideicomisos de transporte en la capital sudcaliforniana, pues no tienen atribuciones constitucionales para permitir que el Ayuntamiento de La Paz integre el proyecto para el Programa de Mejoramiento y Modernización del Transporte de Pasajeros, luego de que se presentara el decreto.
“El dictamen de la comisión observó que las aportaciones anuales que haría el Ayuntamiento al fideicomiso, constituye un compromiso plurianual de egresos, que estarían siendo proyectados y autorizados cada año en los presupuestos de egresos del mismo ayuntamiento, es decir, dichas aportaciones no se consideran como deuda pública ya que no tendrían su origen en la contratación de un financiamiento por parte del Ayuntamiento”, explicaron sobre su postura.
Además de que las aportaciones no serían deuda pública, y más bien corresponderían a la contratación de un financiamiento, el Congreso también resaltó que en el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Deuda Pública, no se puede considerar la propuesta como un contrato de servicio a largo plazo porque no se ajusta a la regulación normativa que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur.
Por su parte, la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, respondió a la publicación del Congreso durante su informe de esta tarde sobre el servicio de agua potable en el municipio, donde se limitó a decir que harán lo consecuente en términos jurídicos:
“Sí, lo leímos y sabemos que ellos están proponiendo que no es competencia del Congreso y, bueno, no hay problema, ya haremos nosotros lo consecuente jurídicamente”, respondió. Finalmente, el Congreso puntualizó que comunicaron el dictamen al Ayuntamiento de La Paz para que realicen las acciones correspondientes para integrar el fideicomiso planteado.
Por último, el diputado Luis Armando argumentó que se estaban dando argumentos jurídicos, y no van a politizar un tema que tiene que ver con un derecho al transporte y con el derecho a los concesionarios.
