La Paz, Baja California Sur (BCS). Luego del rescate de los 200 jornaleros tarahumaras que laboraban en deplorables condiciones en el rancho El Cerezo, en el municipio de Comondú, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al Gobierno de Baja California Sur y a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, al considerar que ambas autoridades violaron las garantías de los trabajadores, esto, tras 1 año de lo ocurrido.
En marzo de 2015, 2 jóvenes tarahumaras se escaparon de las chozas en las que vivían en el rancho El Cerezo –propiedad de Vicente Fox Quesada- en Comondú, tras considerar que eran explotados por sus patrones, por lo que pidieron ayuda a las autoridades de la entidad, logrando así el rescate de más de 200 jornaleros tarahumaras en dicho sitio, y a sus alrededores, quienes vivían en condiciones infrahumanas.
Por ello, la CEDH emitió recomendaciones al gobernador de la media península, Carlos Mednoza Davis y al Secretario de Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, asegurando que el organismo cuenta con los elementos necesarios donde se evidencian violaciones a los derechos humanos, a la seguridad jurídica, a la procuración de justicia, al libre desarrollo de personalidad, al trato digno y al interés superior de la niñez.
Así mismo, la Comisión denunció que se encontraron aspectos inherentes a la dignidad humana, sin los mínimos principios básicos de atención a las víctimas del delito y al derecho de trabajo, por parte de las autoridades.
“Las acciones y omisiones son atribuibles a servidores públicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal y en el estado de Baja California Sur a la Procuraduría General de Justicia local, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y de la Secretaría General de Gobierno, entre otras”, expuso la CNDH.
Luego de que representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se trasladaran a la entidad, el organismo indicó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Baja California Sur omitió realizar acciones para velar por el respeto de los derechos humanos y laborales de los jornaleros agrícolas de ese municipio.
Por otra parte, la CNDH informó que la Procuraduría General de Justicia del Estado en BCS, omitió dictar medidas de protección y seguridad inmediata a estos trabajadores, de donde se destacaban niñas, niños y adolescentes.
Así mismo, informó que las autoridades del Gobierno del Estado de Baja California Sur no generaron acciones para proteger y vigilar a los jornaleros, principalmente a los menores de edad que allí laboraban, ya que éstos no les proporcionaron la protección laboral necesaria, como contratación y condiciones básicas de empleo.
Por ello, la CNDH recomendó al gobernador, Carlos Mendoza Davis, y al Secretario de Trabajo y Previsión Social que colaboren con la Comisión Nacional en las denuncias que promoverá ante los Órganos Internos de Control y la Procuraduría Estatal correspondientes, para que de este modo se generen protocolos y acciones que deberán tomar los servidores públicos de cada instancia.
Con información de Sin Embargo.mx
