La Paz, Baja California Sur (BCS). Luego del veto aplicado por el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, a la reforma del Código Penal respecto a la eliminación de la figura del “exceso” en el derecho de la legítima defensa, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado, Alfredo Zamora García, quien promovió dicha iniciativa, declaró que seguirá insistiendo para que se pueda quitar dicho concepto en la ley y así la ciudadanía tenga mejores garantías en su favor.
“Parece que es un buen momento de discusión, vamos a aprovecharlo, estoy seguro; en todo caso, si hay que mejorar la redacción de esta propuesta, hay que hacerla, yo me muestro totalmente abierto al análisis, a la discusión; pero, ratifico mi convicción de que debe de dársele para adelante, ratifico que esto es en favor de los ciudadanos de bien, que es en beneficio de la mayoría de los ciudadanos. No debemos de pensar en dejarlo como está, subrayo, hay que mejorarlo, que le sirva mejor a la sociedad”.
En el mismo tenor, agregó: “Primero, creo que es importante reconocer el equilibrio de poderes, el Poder Legislativo tiene la facultad de aprobar leyes, y en un primer momento, el Ejecutivo tiene la facultad de vetar esto, las leyes. Me parece que es un momento oportuno para discutir, analizar más esta aprobación que hizo el Congreso respecto a suprimir el exceso, como delito, en la legítima defensa […] El Congreso tiene la gran oportunidad hoy de seguir analizando y revisando, esperemos que haya diputados que estén pensando en la gente y podamos aprobarlo”.
Zamora García aseguró que no puede haber confusiones en la interpretación de la misma, pues dijo que, cuando se dan los elementos o requisitos para hablar de una legítima defensa, debe de protegerse al ciudadano; pero, cuando existieran otros, como una “venganza” por “el calor o coraje del momento”, se debe sancionar al ciudadano como tal.
“La interpretación debe de ser muy clara y muy sencilla, si se dan los elementos de la legítima defensa, el ciudadano debe de ser protegido a plenitud; si se dan otros elementos debe de ser sancionada esa conducta. En ese sentido es la modificación, la justificación de esta propuesta.
“El concepto es repeler una agresión real, inminente, o sea, en ese momento; si posteriormente, a esa circunstancia hay otras acciones, ya no estaríamos hablando de legítima defensa, por eso digo yo que el concepto de legítima defensa, tal y como está establecido desde hace 70 años, no se ha tocado, sigue ahí”, explicó.
El legislador del partido albiazul señaló que muchas veces los ciudadanos son sancionados porque son los ministerios públicos los que no están capacitados para interpretar las leyes ni tienen la voluntad para servir a la ciudadanía, sólo “se lavan las manos al consignar a una persona al decir que hubo exceso en la defensa”.
“Lo que buscamos suprimir es agravarle a alguien, insisto, que por defenderse sea sancionado, especialmente cuando tenemos ministerios públicos que no tienen la capacitación ni la voluntad de servir ni de interpretar bien el derecho y que, en la facilidad de lavarse las manos, simple y sencillamente, aunque vean que se dan los elementos de la legítima defensa, lo que hacen es consignar a la persona que se defendió y decir ‘hubo exceso en la legítima defensa’ y ellos se lavan las manos”.
Después de que se vetó la reforma, todavía el Congreso del Estado tiene la capacidad de aceptar el veto como lo envió el Ejecutivo Estatal o de no aceptarlo y hacer modificaciones a la misma. Por lo tanto, se revisará el tema, dijo el diputado del PAN.
“En todo caso, si hay que buscar algunos elementos que permitan que algunos consideren que es una carta abierta para la venganza, que no lo es; que unos consideren que libremente pueden dañar a otros, no lo es; porque hay que establecer y dejar claro con toda certidumbre. El concepto de lo que es la legítima defensa no se cambió, no se modificó, no se alteró en lo más mínimo, sigue siendo un derecho constitucional.
“[…] lo que nosotros estamos diciendo es que, cuando esta legítima defensa se ejerza en el hogar, que es el lugar más sagrado de protección de la gente, pues debe de darse la seguridad jurídica a las personas para que tengan esa facultad de defenderse sin que puedan después ser sancionados por defenderse”, reiteró.
Finalmente, Zamora García explicó que, en un supuesto caso, cuando la ley exige que haya racionalidad y proporcionalidad en la respuesta del ciudadano ante un ataque o intromisión en el hogar, es muy difícil que en ese momento pueda reaccionar de esa manera, toda vez que hay miedo, tensión, pavor y que, lo que menos hace la persona es pensar en repeler al agresor sin excederse en sus actos.
“Si alguien se mete a la casa de un ciudadano, y si el código le exige que haya racionalidad y proporcionalidad en la respuesta, pues está muy complicado obligarle al ciudadano que, en esos momentos de pavor, de terror, de miedo, tenga la capacidad de discernir y que la respuesta sea racional, cuando ve a un sujeto dentro de su casa, que esté armado, y todavía, le pedimos que sea racional en su respuesta, y estamos pensando todavía que pueda reaccionar.
“Hay que entender con toda claridad, el sujeto que entra a un domicilio de un ciudadano tiene la capacitación física, mental, para enfrentar cualquier tema de agresión, de violencia, y pues sujetos que ya no distinguen del bien y del mal, y queremos exigirle al ciudadano que, en contra de ese sujeto, que tiene una capacidad anímica distinta, a que tenga una respuesta racional y proporcional. Eso está totalmente fuera de lugar y no le ayuda al ciudadano y por eso era importante promover esta reforma para darle esa libertad plena y absoluta de que en ese momento se defienda; posteriormente, si hay otras conductas desplegadas por quien sea, pues ya será motivo de otro delito”.
