Los Cabos, Baja California Sur (BCS). El contralor Municipal del XIII Ayuntamiento de Los Cabos, Alejandro Sánchez Acosta reveló que el 60 % de las denuncias que llegan a la dependencia para ser indagadas, corresponden a posibles actos de corrupción, ya sea que algún servidor público pida un favor o dinero a cambio de agilizar ciertos trámites o no aplicar diversas sanciones; el resto son por quejas o inconformidades por parte de la ciudadanía.
“La corrupción como tal, en algunos casos, es pedir un beneficio indebido a cambio de un trámite al que está obligado el funcionario de proporcionar al ciudadano, como, por ejemplo, solicitan dinero o apoyo a cambio de agilizar los trámites o de no llevar alguna clausura.
“De hecho, sí existen algunas denuncias en este sentido, en donde algunas han sido resueltas y otras siguen en investigación, pero podríamos decir que el 60 % de las denuncias son por posibles hecho de corrupción”, dijo.
Destacó que el resto de los casos se investigan derivado a inconformidades de la gente por alguna mala percepción, señalando que en algunos casos es porque se les niega un trámite, justificando el usuario que cumplen con todos los requisitos. Sin embargo, reveló que se tiene una dirección adicional de Visitaduría Interna en la Dirección de Seguridad Pública, en donde se presentan las quejas o denuncias contra algún tema relacionado con la seguridad o sus funcionarios.
En el 2019 se abrieron 73 investigaciones por denuncias, correspondiendo a diversas dependencias, en donde se brinda principalmente atención a los ciudadanos como trámites y servicios, siendo más sentidas en las áreas de Licencias de Construcción, con los inspectores o las actuaciones, en Inspección Fiscal y trámites catastrales en algunas ocasiones; sin embargo, precisó que en cada una de las dependencias ya se encuentran abatiendo los casos.
“Si comparamos el 2019 con el 2020, hubo una disminución muy drástica de denuncias derivado al confinamiento, por lo que en este año, van 16, de las cuales, el 50 % corresponden al área de Desarrollo Urbano —en la mayoría son ciudadanos inconformes con sus vecinas que están construyendo y justificar que no tenían por qué otorgar una licencia, por no cumplir con todos los requisitos y obras peligrosas que ponen en riesgo el vecindario—; otras denuncias han sido contra integrantes del Cabildo, por los mismos”.
Para finalizar, compartió que la Administración estuvo solicitando a cerca de 7 exservidores públicos del XII Ayuntamiento para esclarecer ciertos temas: “Fueron requeridos para aclarar ciertos temas, como, por ejemplo, el teatro de la ciudad Miguel Lomelí Ceseña, se indagó porque estaban entregando una obra inconclusa […] quedó claro en el sentido que se llevó a cabo la recesión anticipada del contrato con la empresa que estaba ejecutando el proyecto, y el actual gobierno acordó asignarle recurso para su conclusión”, precisó Alejandro Sánchez Acosta.
