En el primer semestre del 2018, hubo 8 mujeres denunciadas por aborto en Baja California Sur

Cabe destacar que dentro de los reportes de 2017, 2016 y años pasados sobre la Incidencia Delictiva del Fuero Común, no se reportaron casos de aborto en la media península, ya que éstos no estaban contemplados.
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La Paz, Baja California Sur (BCS). Según el reporte de Incidencia Delictiva del Fuero Común de 2018, emitido por el Secretariado del Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a junio de 2018, en Baja California Sur se registraron 8 denuncias por aborto.

Cabe destacar que dentro de los reportes de 2017, 2016 y años pasados sobre la incidencia delictiva del Fuero Común, no se reportaron casos de aborto en la media península, ya que éstos no estaban contemplados.

Según las estimaciones del reporte, en el mes de enero se presentó sólo un caso, al igual que en febrero marzo y abril; sin embargo, en el mes de mayo, se presentaron 2 casos de denuncias por aborto y junio, otros 2 casos.

Según el Código Penal del Estado de Baja California Sur, en el Artículo 249 se señala que: ”Comete el delito de aborto el que cause la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”, además de que se estima un periodo de hasta 2 años de cárcel a quienes realicen aborto ilegalmente.

“A la mujer que realice o autorice su aborto y a la persona que le hiciere abortar con su consentimiento, se le aplicará de dos meses a dos años de prisión o trabajo en favor de la comunidad hasta por doscientas jornadas, además de multa de veinte a cien días de salarios. Cuando falte consentimiento de la mujer, se aplicará a quien la haga abortar, prisión de 3 a 8 años y, si mediare violencia física o moral, de 4 a 12 años”.

Sin embargo, en el Artículo 252 se estima que no se aplicará pena alguna por el delito de aborto en Baja California Sur cuando: “Sea ocasionado culpadamente por la mujer embarazada; se practique a solicitud de la mujer y el embarazo sea consecuencia de una violación o de una inseminación artificial realizada sin su consentimiento y el ministerio público autorice su práctica”

Esta sería la primera ocasión en la que la Procuraduría General de Justicia del Estado diera a conocer estadísticas de mujeres denunciadas por aborto. En 2010, diputados de izquierda quisieron legalizar esta práctica en la entidad, sin embargo, cedieron ante las presiones de grupos católicos, quienes se encontraban en desacuerdo con esto.


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