La Paz, Baja California Sur (BCS). El fiscal anticorrupción de Baja California Sur, Lenin Emiliano Ortíz Amao, aseguró que se necesita la asignación de 25 millones de pesos para poder cubrir los costos necesarios para el eficaz funcionamiento de su despacho, mismos que no fueron contemplados para ejercicio fiscal 2023.
En entrevista para BCS Noticias, explicó que la asignación de los recursos de la fiscalía anticorrupción, dependente de la Procuraduría General de Justicia (PGEJ): “Sabemos que no es un recurso ahora sí que abundante y estamos conscientes de que esto es una complejidad, pero no ha sido impedimento para nosotros hagamos, estemos cumpliendo con nuestra responsabilidad, en el entendido de que el presupuesto 2024 se contemplará”, enfatizó.
El funcionario precisó que “en los parámetros nacionales hay un estudio que se presenta año con año, con el que se evalúa a las 31 entidades federativas (sic) […] y el promedio del presupuesto anual es de 25 millones de pesos (…) estamos seguros de que, si se nos otorgara ese presupuesto de actuación, tendríamos toda la cobertura necesaria para cumplir con el compromiso”.
En este sentido, recordó que la Fiscalía Anticorrupción está naciendo en Baja California Sur: “nos toca iniciar desde los cimientos. No existía entonces, no había una estructura ni de instalaciones ni de personal, y poco a poco nuestra gestión va a ser irla construyendo”. Por lo que se necesitan instalaciones propias, el personal y su capacitación correspondiente.
Ortiz Amao detalló que actualmente se encuentran laborando 6 personas en la fiscalía. “Hemos presentado un organigrama de 24 personas, que consideramos que sería lo ideal para iniciar por completo”, dijo.
“Ahorita tenemos 3 procesos penales, de los cuales tenemos autos de vinculación a proceso y 4 personas vinculadas a proceso. Adicionalmente, hay un tema de corrupción que se está llevando en la unidad de investigación en Santa Rosalía por un peculado de un servidor público y que sería el cuarto proceso penal por hechos de corrupción”, aseveró.
Recalcó, además, que tienen competencia en todo el estado, por lo que están avalados para recibir denuncias de todos los municipios y hacer las investigaciones correspondientes.
El fiscal comentó que, al tiempo que están formando este organigrama, han ido cumpliendo con las carpetas de investigación que ya se están judicializando, “en esa parte hay que reconocer que ya había trabajado. Hemos dado continuidad a lo que había y recibiendo las nuevas denuncias”.
Con relación a los reclamos realizados por víctimas, con respecto al retraso en las carpetas de investigación, recordó que no es competencia de su fiscalía, pero hizo un llamado a denunciar “si consideran que el servidor público que los atiende está cometiendo una actitud delictiva, que presenten la denuncia en fiscalía y haremos la investigación”.
