La Paz, Baja California Sur (BCS). “Un comportamiento muy ético al frente de la Secretaría”, además de una actitud propositiva, logros de basificación históricos y gestión permanente junto al exmandatario Marcos Covarrubias Villaseñor para crecer en infraestructura educativa, son los logros que considera el profesor Héctor Jiménez Márquez pesaron a su favor para que el gobernador Carlos Mendoza Davis eligiera ratificarlo como titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en BCS.
El profesor destaca que de manera “neutral” y “en apego a la normatividad” aplicó la reforma educativa dictada por la federación, “sin distingos” y “de la manera más diplomática posible”, algo que también sumó puntos a su favor. Existió “una etapa de reacomodos, de inconformidades”, concedió, “válidas en muchos de los casos”, sin embargo, anota, eran naturales y se procesaron “respuestas” cada una de ellas.
“No vimos las inconformidades como un tema solamente de rechazo a una ley, sino las vimos como inconformidades reales y empezamos a buscar soluciones a los problemas, como fue el tema de la rebasificación de muchas plazas”.
Hasta el momento, el gobernador Mendoza Davis no ha girado órdenes específicas para el sector, asegura Héctor Jiménez, pero adelanta que están en puerta nuevos planes de estudio y la aplicación de la reforma educativa en la Benemérita Escuela Normal Urbana (BENU) y en la Escuela Normal Superior.
“Todavía no hay reuniones de trabajo específicas, lo que sí tengo claro es que hay un gran reto de poder concluir temas de la reforma educativa que aún no están cerradas, nos falta el tema de la reforma a Normales, que es ese contexto en que se van a producir los nuevos docentes que requiere el sistema educativo y que implica una renovación de cuadros en las escuelas Normales, una renovación de planes de estudio, una renovación de la perspectiva que como gobierno se debe de tener en cuanto a los docentes que se ocupan hoy para el sistema educativo”.
Recientemente el Comité Ejecutivo Seccional Democrático (CESD) denunció ante medios de comunicación la entrega de al menos 63 plazas de manera ilegal, acusando a la SEP de permitir el nepotismo entre los altos mandos de la institución. Al respecto, el secretario dijo que “mucha de la información que ellos manejan es totalmente falsa y errónea”, puntualizando que estas acusaciones son una clara reacción a la aplicación de la reforma educativa, que en muchos casos afectó intereses personales de los hoy manifestantes.
“Ellos hablan de entrega de plazas docentes en los medios de comunicación y ni una de esas personas que están en esa lista son docentes. Muchas de las plazas y nombres que vienen son plazas que se dieron antes de que yo llegara a la responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública, por lo que no puedo aceptar que digan que yo repartí […] Se vierten a mi persona acusando de nepotismo, cuando yo lo que les puedo decir que ninguno de la lista que está ahí es mi pariente, porque el nepotismo tiene un origen y tiene una definición jurídica, yo no puedo aceptar tampoco una acusación de esa magnitud porque ninguno de los que están en el listado son familiares míos […] Se habla que si el hijo de Mateo, que si de Sonia Murillo, que si de Rosalina Famanía, yo le pregunto a todos esos que hoy denuncian si ellos no tienen parientes y familiares adentro de la Secretaría, todos los tienen, en su mayoría, por lo que yo no encuentro un fondo real en esas acusaciones, por lo que saldremos en breve con los documentos en mano a decir cuáles fueron los procesos que se dieron”.
El funcionario recordó que las plazas de confianza hoy en disputa nacen de una recuperación legítima, pues por normatividad éstas deben servir para que “el titular de una dependencia llegue con su equipo y la ocupe”. La molestia surge, añade, porque “durante los últimos sexenios” estos espacios se distribuyeron “a diestra y siniestra” a grupos afines al sindicato y no a la autoridad educativa, con el objetivo de pagar compromisos generalmente realizados en campaña, logrando que hoy muchos no se vean indebidamente beneficiados.
“Me queda claro que en este proceso de la reforma hemos tocado muchas áreas de confort de personal que duró más de una década comisionado, cobrando dobles plazas sin trabajarlas, sin tener un horario, sin tener el compromiso de hacer una planeación educativa, de entregar calificaciones, de hacer reuniones con padres de familia, y en donde su trabajo durante más de una década fue trata de descalificar o someterse, porque durante mucho tiempo estuvieron sometidos a una autoridad que los lideró en algún tiempo en sus manifestaciones y después se convirtió en autoridad y fueron sumisos y fueron llenos de opacidad en sus manifestaciones cuando había seiscientos millones de deuda a terceros y no fueron capaces de pegar un grito, no fueron capaces de exigir que se basificara a más gente, más que la autoridad educativa les daba, y no lo hacían porque en muchas de éstas ellos sí fueron beneficiarios y metieron a sus familiares a la Secretaría de Educación Pública”.
