La Paz, Baja California Sur (BCS). Con el objetivo de prevenir daños a la integridad física de las familias y su patrimonio, se aprobó en el Congreso del Estado reformar el Código Penal de Baja California Sur, a fin de endurecer las penas contra quienes inciten las invasiones en zonas de peligro de la entidad.
Conviene mencionar que, dicha iniciativa fue presentada el pasado 12 de septiembre en manos de la diputada Guadalupe Saldaña Cisneros, la cual busca modificar el Código Penal del Estado en sus artículos 241, 249 y 270, para “defender los derechos de las familias sudcalifornianas a una vivienda digna”.
En relación con Artículo 241 del Código Penal que establece una sanción de 3 a 10 años de prisión y una multa de hasta 300 días de salario, se le adiciona un párrafo a la Fracción Quinta que refiere al fraude cometido cuando se realiza una construcción quedando de la siguiente manera: comete fraude específico quien construya y “la obra o construcción se desarrolle en zona no urbanizada o de alto riesgo en términos de la legislación en la materia”.
Mientras que, para el Artículo 249 relacionado con “despojo en modalidad de invasión” que señala una pena entre los 4 y 8 años de prisión, se modifica sustancialmente la pena y se adiciona un párrafo que expresa: “a las autores intelectuales o los que induzcan, instiguen, financien, dirijan, encabecen o propicien acciones de despejo en la modalidad de invasión de zona no urbanizada o de alto riesgo, se les impondrá de 8 a 15 años de prisión y una multa de 2,000 a 3,000 días de salario.
Por su parte, respecto a la reforma del Artículo 270, que refiere “al ejercicio ilícito del Servicio Público” se adiciona una Fracción Séptima que indica sanciones al servidor público que autorice licencias de construcción o uso de suelo, así como que permita cualquier tipo de construcción en zonas no urbanizadas o de alto riesgo en términos de la ley en la materia.
Tras la aprobación de la iniciativa, Saldaña Cisneros reiteró su compromiso con las familias de Baja California Sur a fin de seguir trabajando para garantizar la integridad de las personas y sus patrimonios.
