La Paz, Baja California Sur (BCS). Un juez del Juzgado de Distrito habría determinado multar a los directivos del Hospital Juan María de Salvatierra, en La Paz, con 200 unidades de medida y actualización (UMA), lo que representaría cerca de 20,700 pesos. Lo anterior, debido presuntos actos de negligencia y discriminación al negarse a atender a un ciudadano, quien tuvo que ampararse para que la ley le diera la razón en esta situación.
La paciente dijo haberse presentado con un doctor en el Hospital Juan María de Salvatierra, quien le señaló que no podía atenderla, supuestamente porque no estaban en una condición tan grave, en la que se estuvieran “muriendo”.
“Se concede la suspensión definitiva a la quejosa María […] para que las autoridades responsables, en el ámbito de su respectiva competencia, realicen las gestiones necesarias para que de inmediato le otorguen el tratamiento médico adecuado a su padecimiento, así como los medicamentos necesarios para garantizar su estado de salud y condición de vida”, refiere parte del documento judicial.
Cabe señalar que, la autoridad precisó que la atención se determinará por las responsables previa evaluación médica del especialista, es decir, no necesariamente se deberá acceder a la petición de la inconforme, sino atender las medidas que consideren aptas para atender lo relativo a su diagnóstico.
“Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se concede la suspensión definitiva que solicita MARÍA […] en contra de los actos precisados en el considerando primero, por los motivos expuestos en el tercero”, describieron.
En la sentencia puede leerse que el juez, para determinar la multa, se basó en que el derecho a la salud tiene una proyección individual o personal, lo que se traduce en que todos puedan tener atención física, mental, emocional y social, las cuales deben ser disponibles y accesibles, es decir, garantizar suficientes servicios y mecanismos para materializar el derecho y asegurarse de contar con los medios para lograrlo.
Además, se concedió la suspensión definitiva que solicitó la paciente identificada como María “N”, para que las autoridades correspondientes en el ámbito de la salud realicen las gestiones para que inmediatamente reciba el tratamiento médico que se le negó previamente, esto con tal de garantizar su salud y condición de vida.
Finalmente, en su denuncia ciudadana, la parte afectada hizo un llamado al gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío para que salvaguarde la salud de los habitantes del estado; no obstante, acusaron que el servidor público sería un “familiar”.
