La Paz, Baja California Sur (BCS). La Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia del Congreso del Estado, se encuentra analizando la propuesta para imponer una pena de 2 a 6 años de prisión, así como una multa, a quien obstaculice la orientación sexual de una persona en contra de una voluntad, y se persiga de oficio.
La iniciativa fue entregada al legislativo por los ciudadanos Cintya Dinorah Omart López y Rafael Loera Vázquez, quienes piden que además de la condena en prisión, se pague una multa de 1,000 a 2,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a quien realice e imparta, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice o suprima la orientación sexual identidad o expresión de género de una persona.
La iniciativa indica que quedan excluidos de la sanción penal a los profesionistas que, en el ejercicio de la práctica en psicología o psiquiatría les sea solicitado algún tratamiento por una persona que estime padecer “distrofia de género”, así como los padres de familia o tutores que soliciten el servicio profesional para sus menores hijos; sin embargo, si es que incurren en esas conductas sancionadas, se aplicarían amonestaciones o apercibimiento a consideración del juez.
Por otra parte, las sanciones se duplicarán, cuando la persona autora tuviese alguna relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquiera que implique una subordinación de la víctima, así como quien se valga de la función pública, y cuando se emplee violencia física, psicológica o moral.
En adición, para la función pública, se castigaría con la destitución e inhabilitación para desempeñar otro cargo público o similar hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.
Para culminar, se indicó que, tras la lectura del proyecto en la sesión ordinaria del pasado 18 de abril (2024), se turnó a la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y de Justicia, para que se busque aprobar la modificación del artículo 205 Bis del Código Penal de Baja California Sur.
