La Paz, Baja California Sur (BCS). Con la finalidad de evitar actos de corrupción de los servidores públicos que presentan su labor en los gobiernos de la entidad, así como en los organismos descentralizados, el Congreso de Baja California Sur aprobó por unanimidad de votos las nuevas leyes y reformas necesarias para el Sistema Estatal Anticorrupción.
En ese sentido, se establecerá un mecanismo de rendición de cuentas de quienes a nivel directivo tienen una responsabilidad en la administración pública e igualmente sancionará a particulares que en colusión con funcionarios gubernamentales incurran en la comisión de ilícitos.
Por su parte se informó que los ordenamientos legales, votados por unanimidad, contemplan la creación de las leyes de Responsabilidad Administrativa, la del Tribunal de Justicia Administrativa y se reforman las leyes orgánicas de la Administración Pública del Estado y de la Procuraduría General de Justicia.
Asimismo, la diputada Maritza Muños Vargas aseguró que, con la creación de la base legal del Sistema Estatal Anticorrupción, la entidad está cumpliendo en tiempo y forma con el proceso legislativo, ya que se tiene como límite el 18 de julio para ser aprobado en el marco legal.
“Con la aprobación de este marco legal, sin lugar a dudas estamos cumpliendo con una exigencia de la misma sociedad en demanda de gobiernos transparentes y eficientes”, explicó.
Vale la pena mencionar que la Ley de Responsabilidad Administrativas, establece la presentación por parte de los servidores públicos de las declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflicto de intereses, además ordena establecer un sistema eficaz para la investigación y persecución de las faltas administrativas.
De igual manera, en la ley de Responsabilidades se señalan las sanciones por omisión de averiguaciones, a din de acabar con la impunidad en todos los sentidos; cabe agregar que las faltas de los servidores se dividen en grabes y no graves.
Finalmente se indicó que se creará el Tribunal de Justicia Administrativa que tendrá como finalidad dirimir los conflictos con el estado e imponer las sanciones por las faltas graves cometidas por servidores públicos y los particulares que hagan estado vinculados.
