La Paz, Baja California Sur (BCS). El director de la Administración Portuaria Integral (API) en Baja California Sur, José López Soto, informó que concluyó el juicio sobre una demanda interpuesta por esta paraestatal en contra de la empresa naviera Baja Ferries, por un adeudo de más de 60 millones de pesos, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que ninguna de las partes tenía la razón.
“En ese sentido, te comento lo siguiente, existe una resolución judicial, la cual manifiesta que no se pierde el juico, viéndolo desde el punto de vista jurídico, es decir, qué resuelve la autoridad, no le da la razón en el juicio ni a Baja Ferries ni a la Administración Portuaria; la API estaba tratando de recuperar el cobro de ATP que hizo Baja Ferries, pero ellos a su vez, estaban tratando de recuperar lo que, entre comillas, consideraban un cobro ilegal por parte de API, antes de iniciar el conflicto”.
Sobre qué pasará con el dinero, López Soto comentó que será la autoridad quien define esa situación, pues ellos ya no pueden hacer más en el tema; por otro lado, aceptó que la resolución emitida por la SCJN no los deja satisfechos, pero tienen que aceptarla.
“Yo te diría que es la autoridad quien está resolviendo y está definiendo esa postura, y ahí no podemos nosotros hacer absolutamente ya nada al respecto […] Es la última instancia, fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que llegó al final de esta resolución […] Obviamente, la resolución no es benéfico para la Administración Portuaria Integral, no nos deja satisfechos, pero ya no podemos hacer nada como institución.
El titular de API BCS dijo que este juicio ya llevaba años, y que, el resultado del veredicto, se debe a las pruebas que cada una de las partes presentó o dejó de presentar.
“Yo acabo de tomar la Administración Portuaria Integral, tengo escasos 7 meses, este es un juicio que tiene años, y definitivamente, la resolución de los juzgadores atañe a lo que en el proceso judicial se probó o no por todas las partes […] Es un impuesto que se debió haber pagado en su momento y no lo recuperó API […] Mensualmente estamos hablando de 1 millón 800, 000 pesos lo que genera el cobro de este impuesto”
Baja Ferries, debe más de 60 millones de pesos que la naviera cobró a sus usuarios y no enteró durante varios años a API, por concepto de “Acceso a la Terminal Portuaria” (ATP) en el puerto de Pichilingue. En el año 2012 Baja Ferries dejó de pagar el ATP a la API, argumentando que era ilegal; aunque la paraestatal afirmaba que era un cobro aprobado por la Dirección General de Puertos.
Además de no pagar, la naviera contrademandó a API BCS exigiendo que le devolviera alrededor de 90 millones de pesos que, del 2004 al 2010, estuvo cobrando a sus clientes y enterando por concepto de ATP, ya que según sus argumentos se trata de un cobro ilegal.
