La Paz, Baja California Sur (BCS). Con 17 votos a favor, provenientes de las fracción del PAN, PRI y PRS, se aprobó el dictamen presentado por la Comisión de Asuntos Fiscales Administrativos mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Los Cabos, realizar el proyecto “para la construcción de una planta desaladora de agua de mar de 250 litros por segundo que abastezca por un plazo de hasta 25 años de agua en bloque a la población de Cabo San Lucas”.
La iniciativa presentada en el Congreso del Estado, fue discutida por más de 4 horas entre los representantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Guadalupe Roja, del Partido del Trabajo (PT), Camilo Torres y la independiente, Rosa Delia Cota, quienes mostraron su rechazo al dictamen por considerar que la figura de la Asociación Pública Privada que soportará la construcción de la planta no es el adecuado, advirtiendo que sí están a favor de que las colonias populares de Los Cabos reciban un mejor servicio público de agua, “pero no bajo los criterios presentados por el proyecto”.
Según el dictamen, se estima que la planta que se construirá en Los Cabos tendrá un costo de 890 millones de pesos, de los que un importe no superior al 49 %, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de ese monto será aportado por el Fondo Nacional e Infraestructura del Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), que es considerado !como apoyo no recuperable en la modalidad de subvención del Fondo”, mientras que el 51 % lo aportará por medio del esquema legal de Asociación Público Privada la empresa ganadora de la licitación internacional a la que próximamente se convocará.
Mientras tanto, la Fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al fijar su posición por medio del diputado Amadeo Murillo Aguilar, puntualizó que “resolver el problema de desabasto de agua potable que padecen los habitantes de Cabo San Lucas, es la más alta prioridad”.
Por ello, se autorizó en el mes de enero del 2017 “el otorgamiento de un apoyo no recuperable, es decir, a fondo perdido, hasta por el equivalente al 49 % del costo total de la planta en Cabo San Lucas”.
Asimismo, el coordinador de la Fracción del Partido Acción Nacional (PAN), diputado Alejandro Blanco Hernández, precisó que si el proyecto de la planta se realizará con el financiamiento bancario el costo sería por orden de 2,500 millones de pesos, en canto que mediante el esquema de la APP el valor será 40 % inferior, es decir 1,600 millones de pesos en 25 años.
En contra del dictamen, la diputada independiente, Rosa Delia Cota Montaño, reconoció la necesidad de la sociedad de Cabo San Lucas, sin embargo, consideró que el proyecto de construcción de la planta “el único objetivo que se tiene es destinar miles de millones de pesos de los usuarios a una empresa en particular”.
Finalmente, el diputado petista, Camillo Torres, señaló que en la mayoría de los casos la figura APP “resulta el método más costoso de financiamiento y aumenta de forma significativa el gasto público”.
El esquema de la Asociación Público Privada en países de Europa es un modelo que ya no se utiliza puesto que ha sido contraproducente para la sociedad “esta figura para crear infraestructura que resolverá problemas sociales es poco confiable e incluso puede ser una acción del gobierno” declaró el legislador, no sin antes de señalar el acto como algo inmoral.
