Gobernador de BCS adelanta su rechazo a La Pitalla; no garantiza derecho al agua limpia, dice

Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur
El Mandatario de Baja California Sur, dejó en claro que no está de acuerdo en que mina La Pitalla se establezca en la entidad, ya que podría dañar el agua de la zona
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La Paz, Baja California Sur (BCS). El gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis,  a través de sus redes sociales manifestó su rechazo al proyecto minero La Pitalla, el cual pretende establecerse en San Antonio; el mandatario argumentó que este desarrollo no garantiza el derecho al agua limpia, razón por la cual aseguró estar en contra de cualquier empresa minera.

“La opinión técnica del Gobernador de Baja California Sur ante el proyecto de la Minera La Pitalla, en evaluación de impacto ambiental por la Semarnat ha sido “no viable”, pues no garantiza el derecho humano al agua limpia de las comunidades vecinas. No a la minería tóxica”, escribió en Twitter.


Por su parte, el alcalde de La Paz, Rubén Muñoz Álvarez dejó en claro que su Ayuntamiento no permitirá que la actividad minera en el municipio, por lo que no irá en contra del pronunciamiento del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien le prometió durante su visita a la entidad, que protegerá a Baja California Sur de la minería tóxica.

Cabe destacar que, el próximo 11 de abril se llevará a cabo una consulta pública en el Casino BellaVista, en La Paz, sobre el desarrollo de La Pitalla, en el cual el promovente expondrá los riesgos de impacto ambiental que podría provocar el proyecto y los ciudadanos de la ciudada capital tendrán la oportunidad de expresar su opinión.

Finalmente, ambas autoridades han fijado su postura en contra de estas empresas, por lo que afirmaron que trabajarán para blindar al estado de la mina La Pitalla, aunque haya acciones legales de por medio.

La opinión técnica es requerida durante el proceso de Manifestación de Impacto Ambiental, misma que se solicita a diversas instituciones, entre ellas el Gobierno del Estado, por lo que la no viabilidad podría representar una resolución negativa para la empresa.


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