La Paz, Baja California Sur (BCS). Luego de que este viernes se diera a conocer por algunos medios de comunicación el posible arresto del alcalde paceño, Armando Martínez Vega, producto del desacato ante la orden de pago hacia la empresa que obtuvo la concesión de mantenimiento y operación del alumbrado público, el director general de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de La Paz, Santiago Leal Amador aseguró que hasta el momento no se ha recibido ninguna notificación oficial, por lo que aseguró que dichos rumores están mal fundamentados.
Con respecto al tema, el funcionario precisó que hasta el momento no se ha recibido ninguna notificación proveniente del juzgado, sin embargo, aclaró que, en caso de existir tal situación, ya se tiene contemplado un plan para abordar la problemática.
“No existe el riesgo real e inminente de que el Alcalde sea arrestado, sino que se debe seguir los procesos que la ley de amparo contempla” comentó.
Con referencia al tema de la empresa Grupo Integral de Recolección y Reciclados de Occidente, el servidor público aclaró que “nunca ha prestado el servicio”, ni tienen una contraprestación pendiente a su favor, a lo que añadió que: “no se tiene una deuda pendiente registrada a la empresa, de tal manera que no se está incumpliendo con la suspensión”.
De lo anterior mencionado, Leal Amador aseguró que dicha situación ha sido acreditada ante el juzgado, al presentar la documentación indicada como el reporte de servicios públicos municipales, donde se establece que la empresa no ha prestado el servicio y que fue la dirección de servicios públicos es quién se ha hecho cargo del alumbrado público municipal.
Asimismo, explicó que fueron presentadas 3 cajas de reportes ciudadanos que fueron atendidos por personal propio del Ayuntamiento, así como cerca de 7,500 luminarias las cuales fueron instaladas en el municipio de La Paz por la actual administración, proporcionando inclusive los planos dónde están cada una de las luminarias.
Finalmente, se informó que en la Tesorería Municipal no se encuentran trámites ni deuda registrada a favor de esa empresa, así como un monto registrado por los amparos realizados “si no han prestado un servicio no podemos hablar de una deuda o un monto […] esta resolución no quedará firme en tanto no se pronuncie el tribunal colegiado”, concluyó.
