La Paz, Baja California Sur (BCS). Para el gobernador de Baja California Sur, Marcos Covarrubias Villaseñor, la denuncia interpuesta en contra del poder ejecutivo estatal, y la Procuraduría General de Justicia del Estado, por Daniel José Sánchez Ávila, es una facultad que ejercería cualquier ciudadano si éste siente vulnerados sus derechos.
“No, digo, todo mundo tiene derecho de que si se siente agredido o se siente lastimado, puede hacer las denuncias pertinentes. Creo, es algo que los ciudadanos están en libertad de hacer”, resaltó Covarrubias Villaseñor.
Al no conocer todavía una notificación, el mandatario prefirió no dar una opinión aventurada hasta informarse a fondo acerca de la denuncia que interpuso el abogado de Daniel, Miguel Ángel Meza Figueroa.
“No puedo dar punto de vista, porque oficialmente nosotros no tenemos notificación, vi lo que se publicó a través de la prensa, pero no tengo mayor conocimiento”, recalcó.
Se dijo tranquilo, esperando que el caso no vaya ser utilizado de manera política debido al escenario político que iniciará en unas semanas. “No es una circunstancia que deba de darse, pero entiendo que los procesos que ya empezaron”, indicó.
Al cuestionarlo sobre la forma en que trabajó Gamill Arreola Leal, exprocurador que llevó el polémico asunto, expuso:
“Ese juicio no me toca a mí darlo, es la ciudadanía y soy respetuoso del tema, como siempre lo he hecho. Al final de cuenta, como ejecutivo, tú vas haciendo tu parte, la ciudadanía te va a decir si las cosas si hicieron bien o no”.
No supo si sostendría una reunión con el acusante, y eso lo definirá hasta que la notificación sea entregada.
Por cierto, Daniel José Sánchez Ávila fue recluido a finales de septiembre de 2012, en el Centro de Ejecución y Cumplimiento de Medidas Cautelares de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) debido a que la autoridad, lo relacionaba con el asesinato de Jonathan Hernández Ascencio, ocurrido en la madrugada del 4 de marzo de 2010 en un bar del corredor turístico de La Paz.
El 17 de febrero de 2014, la defensa de Daniel logró demostrar que el arraigo, conforme a lo establecido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), viola las garantías individuales de las persona.
